Ruben Westeiner/
‘Estrategia para la defensa del empleo y la estabilidad de la economía’, es el documento propone subsidiar totalmente el primer salario mínimo de todos los trabajadores de sectores inhabilitados por el aislamiento obligatorio y propuestop por Jorge H. Botero y Eduardo Lora.
«El subsidio se concederá a través de las empresas, siempre y cuando mantengan el empleo. Para financiarlo el Gobierno establecerá por decreto legislativo de emergencia económica un empréstito forzoso a cargo de los contribuyentes al impuesto sobre la renta que se reembolsaría con créditos para el pago de futuros impuestos. Con base en este flujo futuro, el Gobierno accedería a la liquidez del Banco de la República, de donde provendrían los recursos necesarios para financiar el subsidio al empleo», así lo destaca la síntesis de la propuesta.
Las medidas del Gobierno y el Banco de la República para que las empresas obtengan recursos de financiamiento para sufragar sus gastos de operación durante el aislamiento son acertadas y subrayan que la empresa típica colombiana solo cuenta con recursos líquidos para pagar unas pocas semanas de nómina.
Se destaca que un estudio mundial de JP Morgan Chase señala que a 25% de las pymes los recursos líquidos sólo les alcanzan para pagar sus gastos regulares durante 13 días, y sólo 25% de las empresas puede sobrevivir más de 62 días sin financiamiento adicional. La mediana se encuentra en 27 días.
Para que el Gobierno pueda comprometerse con gastos adicionales en la crisis actual debe asegurar recursos futuros, de forma que no se comprometa la solvencia fiscal ni externa. “Puesto que no establecen ninguna fuente adicional y segura de recursos, son problemáticas algunas de las propuestas de emisión primaria y de “utilizar las reservas” que han hecho varios analistas. Sin embargo, nuestra propuesta coincide con las de ellos en un sentido muy importante: no hay por qué descartar posibilidades innovadoras de financiamiento que involucren al Banco de la República. En todo caso, tal cosa solo es posible con la aprobación unánime de los miembros de su Junta de Directores”.
El Gobierno debe acudir a las entidades multilaterales de crédito para obtener financiamiento de largo plazo.
“Nuestra preocupación es que acudir a las multilaterales toma mucho más tiempo del que hay disponible para salvar el empleo y evitar la destrucción de numerosas empresas. Esta preocupación no aplica sin embargo a los recursos de la línea de crédito flexible que está a punto de renovar el FMI, y que el Banco de la República puede usar para cualquier propósito. El mecanismo aquí propuesto sería la forma de desembolsar esos u otros recursos al Gobierno, mediante un préstamo directo del Banco al Gobierno”, dice el documento.
Ahí además indicaron que el sector financiero debería participar en la irrigación de estos recursos, ya que podrían ser entregados ágilmente a los trabajadores por los mismos canales de pago de la nómina.
destaca que subsidiar el empleo es una medida complementaria a las que ya ha tomado el Gobierno, y a otras adicionales que debería tomar para aliviar la situación financiera de las empresas, incluyendo la exoneración de contribuciones laborales de todo tipo en los sectores afectados por la cuarentena y el diferimiento en el pago de impuestos y retenciones en la fuente hasta que se encuentre consolidada la recuperación.
“La concesión del subsidio al empleo que proponemos tendría como condición que la empresa mantenga el empleo (lo que podría determinarse mediante declaración escrita de la empresa según sus propios registros la Planilla Integrada de Aportes Laborales del Ministerio de Salud y Protección Social).
La condición de mantener el empleo podría exigirse también a las empresas de todos los tamaños para acceder a financiamiento en condiciones de mayor cobertura a través del Fondo Nacional de Garantías. Esto es justificable porque las empresas que mantengan el empleo en condiciones subsidiadas tienen menores riesgos de iliquidez o quiebra”, señalan los académicos frente a su propuesta.
Ahí, además destacaron que el subsidio al empleo reduce la presión política y económica para que se actúe en forma apresurada o imprudente en la implementación de dichos protocolos.
Los ponentes del docuemnto argymentan igualmente que se requiere un apoyo urgente para evitar que el inminente estrangulamiento de la caja de muchas empresas las lleve a la iliquidez total en cuestión de pocos días, lo cual implicaría la pérdida de muchos empleos formales.
El proceso de financiamiento se iniciaría con la expedición de un decreto de emergencia económica mediante el cual se impondría a las personas jurídicas o naturales contribuyentes del impuesto de renta la obligación de suscribir un empréstito forzoso. “Su valor sería definido por el Gobierno en función del costo estimado de las transferencias que se harían a las empresas elegibles siempre y cuando se comprometan a preservar los empleos formales que tenían en la fecha de iniciación de la pandemia”.
Destacan en ese mismo decreto se establecerían los cronogramas de pago del empréstito por los contribuyentes, los cuales contarían con plazos dilatados que solo comenzarían a 10 correr a partir de una fecha preestablecida en función de cuándo la economía retorne a la normalidad. Así mismo, los académicos señalaron en el documento que los plazos para el reembolso de los recursos por el Gobierno serían también establecidos teniendo en cuenta los efectos negativos de la crisis sobre las finanzas públicas. “Para fortalecer la noción de que el instrumento consiste en un préstamo colectivo y obligatorio, pero que no es un impuesto, se debería establecer que los suscriptores devengarán un interés que podría ser pagadero al final del proceso de repago”, agregaron.
Concluye el documento, que el esquema de financiamiento que proponen puede facilitar la interacción y el apoyo recíproco entre el Gobierno y el Banco de la República, pues está limitado estrictamente a las circunstancias de crisis y a las facultades que confiere al Presidente el decreto de emergencia económica, y porque deja en cabeza del Gobierno las decisiones de prioridad de uso de los recursos primarios, sin atentar con la estabilidad de precios, ni con la sostenibilidad fiscal o externa.
“Para concluir este documento, es importante recordar que el decreto de emergencia que ampararía este mecanismo fue expedido el 18 de marzo de 2020, y tiene vigencia de sólo un mes. En consecuencia, es apremiante el tiempo para actuar”, concluyó el informe de los académicos.
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