Recientemente, el DANE publicó información actualizada sobre cómo están accediendo a alimentos los colombianos, encontró que el 28% de los hogares se encuentra en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave, es decir, han visto comprometida su capacidad para acceder a alimentos suficientes y nutritivos, o incluso, han llegado a sentir hambre. La información presentada confirma las grandes desigualdades entre los departamentos del país, pasando de cifras por debajo del 20%, como en Caldas o el Quindío, a departamentos en donde la inseguridad alimentaria supera al 45% de los hogares, como en La Guajira o el Atlántico. En consecuencia, el hambre no se siente igual en todos los territorios y no en todos se interviene igual.
Estamos de acuerdo en que sentir hambre es la principal limitante de una persona para alcanzar sus capacidades y desarrollarse como individuos. Podemos dimensionar lo que implica un hogar en situación de inseguridad alimentaria cuando preguntamos a los hogares que estrategias utilizan para enfrentarse a la escasez de alimentos, estos por lo general son: disminuyen el consumo de alimentos de alto valor nutricional, gastan sus ahorros y venden sus activos (Rimisp, 2022). Ante un problema con tantas consecuencias sobre el bienestar de los hogares, no podemos esperar únicamente a lo que tenga que proponernos el gobierno nacional. Debemos preguntarnos qué podemos hacer nosotros como ciudadanos y qué debemos exigirles a nuestros líderes locales para abordar este tema.
Estos hallazgos en un contexto de elecciones locales nos obligan a hacer protagónico el tema del hambre, y las políticas concretas con las que contamos para combatirla, en los programas de gobierno de los candidatos, en los debates que proponen a sus electores, y posteriormente, en los planes de desarrollo que serán guía de su gestión. Se requieren gobernadores y alcaldes que tomen la iniciativa en el tema. En ese orden, para identificar las mejores políticas y líneas de intervención, los candidatos y futuros gobernantes deben mirar de cerca qué dice la evidencia sobre las dinámicas de inseguridad alimentaria en sus contextos territoriales particulares.
Veamos un tema por el que podemos iniciar, se sabe que existe una alta correlación entre la capacidad de los hogares para acceder a alimentos y sus condiciones económicas. Además, choques recientes, como el producido por el COVID-19 o la alta inflación han comprometido los ingresos de los hogares y así, su alimentación. Esto quiere decir que los planes de desarrollo deben contener proyectos de inversión concretos y estratégicos que generen dinamismo económico en los territorios. Para esto, se necesita puntualizar en términos de sectores y poblaciones priorizadas, además de tener en cuenta cómo se relacionan diferentes actores y mercados en la generación de valor.
Puede que dar dinamismo económico a los territorios no sea un objetivo nuevo. Aun así, si existen nuevas ideas sobre cómo hacerlo teniendo en cuenta a las poblaciones tradicionalmente excluidas, a quienes deben dirigirse nuestras políticas para mejorar el acceso a alimentos. Por ejemplo, sabemos que la inseguridad alimentaria en hogares rurales es superior a la que se encuentra en hogares urbanos, al igual que es mayor en hogares con jefatura femenina o con identificación étnica. Paralelamente, nos encontramos en un contexto propicio para generar valor económico mediante la inclusión. Cada vez más, elementos como la sostenibilidad ambiental con el protagonismo comunitario o la inclusión de pequeños productores, mujeres y jóvenes en prácticas de comercio justo, agregan valor a la producción.
El compromiso de los gobernadores y alcaldes con incluir las mejores políticas y proyectos para erradicar el hambre requiere de una ciudadanía activa, ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Hacer veeduría a la implementación y cumplimiento de estas políticas. Igualmente, estamos llamados a hacer parte de los diversos espacios de participación proyectados para la discusión de las políticas alimentarias, así como a informarnos sobre qué nos proponen los candidatos sobre esta problemática, votar en consecuencia y demandar mayores resultados en términos de las competencias y funciones que se les han asignado a estos entes. Los ciudadanos tienen mejores herramientas y motivación para el control ciudadano cuando las propuestas y proyectos han sido planteados con el suficiente detalle en metas, fechas y mecanismos.
Para dar mejores herramientas a los futuros dirigentes y a los ciudadanos, Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, a partir de la evidencia generada en el proyecto Siembra Desarrollo y al conocimiento que ha acumulado en los temas de desarrollo territorial en los últimos años, propone que una estrategia territorial para enfrentar el hambre debe atender al menos tres frentes: mejorar los ingresos de los hogares, y así, su acceso a alimentos; aumentar la productividad agrícola como estrategia de dinamismo económico y disponibilidad de alimentos; y mejorar la articulación entre los encargados de formular políticas alimentarias.
Los invitamos a profundizar en estos tres frentes en el documento disponible en la página web de Rimisp: https://www.rimisp.org/ – ‘SUPERAR EL HAMBRE DESDE LOS TERRITORIOS: insumo para nuevos gobiernos y planes de desarrollo en Colombia’. Un insumo para comprometernos con tener mejores políticas para superar el hambre desde acciones que podemos liderar territorialmente. Todos podemos hacer más.
