Amnistía Internacional denuncia «sin garantías suficientes»las condiciones de los centros de cuarentena
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Amnistía Internacional denuncia que las autoridades de Venezuela, El Salvador y Paraguay, trasladan a miles de personas a centros de cuarentena gestionados por el Estado «inadecuados» y «sin garantías suficientes frente a violaciones de derechos humanos». Esta política, señala la organización, afecta desproporcionadamente a comunidades de migrantes retornados y a personas de bajos ingresos. En el informe, titulado, ‘Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas’, la organización denuncia «condiciones insalubres y a veces inhumanas».
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Según Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas «Cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva»
Cuando la cuarentena se lleva a cabo en instalaciones estatales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estipula que las personas internadas deberán estar en «habitaciones individuales espaciosas y con ventilación suficiente y baños incorporados» que permitan la higiene de manos e inodoros, o al menos habitaciones bien ventiladas y con espacio suficiente para mantener la distancia de seguridad. Además, el alojamiento debería incluir comida, agua e instalaciones de higiene y tratamiento médico. Sin embargo, Amnistía Internacional denuncia que en los tres países ha habido personas «en entornos antihigiénicos y no preparados» a veces «sin acceso a alimentos adecuados, agua apta para el consumo o electricidad».
El ejemplo «más inquietante de campaña de estigma y discriminación» llega de Venezuela, según el informe. «Altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro han utilizado en reiteradas ocasiones un lenguaje estigmatizador hacia los venezolanos y venezolanas que han retornado al país». Algunos de ellos, denuncia la organización, han llegado a calificar a las personas que han vuelto de Colombia de «armas biológicas» enviadas para infectar a la población venezolana.
A finales de agosto, 90.000 personas que no tuvieron otra opción más que regresar al país, han pasado por centros de cuarentena del Estado, según cifras oficiales del Gobierno recogidas por Amnistía Internacional. Para mediados de julio, se habían establecido aproximadamente 105 centros de cuarentena en los estados fronterizos. «Las condiciones en estos centros son tan inadecuadas que se podrían poder a las personas en riesgo de contagio en lugar de prevenirlo», sostiene el informe.
«En lugar de ofrecer condiciones y garantías adecuadas frente a violaciones de derechos humanos, las autoridades de Venezuela y El Salvador, en concreto, han convertido esta intervención de salud pública en una respuesta punitiva, que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de ingresos bajos y a la población refugiada y migrante que vuelve a sus países de origen», dice Guevara Rosas.
