No es posible dejar de andar si él, poco importa que sea un rastreador al que se le defiende a muerte porque es la vida. El teléfono móvil con tantos servicios y entretenimiento incluye la testificación sobre cada paso que damos y más.
En apariencia, el compañero perfecto es también un espía que acumula tanta información sobre hábitos, contactos, ubicación, etc… al paso por las redes sociales el tráfico que se genera es brutal dejando expuesto todo y algo más de cada usuario, no importa que tan cauteloso sea. ¿Acaso la información no está protegida? ¿Está escapando de nuestro control?
Amnistía Internacional y el laboratorio The citizen de la universidad de Toronto, comunican que las redes de telecomunicaciones 3G,4G y 5G están diseñadas para depender de conexiones de señalización privadas, aunque abiertas, recurriendo al roaming nacional e internacional para pasar de la red de una empresa a otra. Ello hace que el usuario sea altamente vulnerable a la geolocalización basada en la gran red.
Así, todos somos víctimas de la vigilancia por parte de terceros estatales o criminales que explotan sistemáticamente la vulnerabilidad de las redes, haciendo recopilación de inteligencia o espionaje.
Los viajes internacionales nos exponen con mayor riesgo, el roaming que permite la trasferencia libre entre operadoras, la ubicación y seguimiento exponen al usuario con amplios riesgos de geolocalización. Los teléfonos contienen una SIM que posee un código de identificación único. Ahora 5G, ha supuesto un avance, la incorporación de un identificador oculto con el que se añade cifrado a la transmisión de la identidad de la red del usuario, lo que dificulta la interceptación.
Pero The Citizen Lab advierte de que durante los viajes internacionales existe el peligro de que terceros compartan con usuarios privados en un tráfico habitual sin vigilancia. Además, las operadoras no están obligadas por ley a cifrar los detalles únicos de un teléfono ni los archivos de datos móviles que lo acompañan, por lo que no suelen hacerlo.
Expertos recomiendan que los responsables políticos, los reguladores de telecomunicaciones, las agencias de ciberseguridad y los legisladores por igual colaboren en el desarrollo de un conjunto de normas obligatorias de seguridad y privacidad neutrales con respecto a los proveedores y las plataformas… y, obviamente, garantizar que se cumplan, porque a día de hoy los usuarios viven en una tranquilidad infundada pensando que su operadora ha implantado la seguridad necesaria para evitar mensajes de señalización asociados a ataques de geolocalización, ataques de identidad u otras actividades maliciosas, y posiblemente no sea así.
Con frecuencia la finalidad de esta vulneración de la privacidad tiene objetivos comerciales, pero no descarta la gravedad para grupos en riesgo, activistas de derechos humanos, a opositores o servidores públicos o militares por nombrar algunos.
The Citizen Lab es tajante al indicar que se debe exigir a los operadores que adopten y actúen para lograr y demostrar el cumplimiento de directrices y marcos de ciberseguridad, con un enfoque que en el sector se conoce como confianza cero (Zero Trust).
