Ante la secretaría general de la Cámara, el Representante Juan Espinal en compañía de la Senadora Paola Holguín del Centro Democrático, radicaron dos Proyecto de Ley para ser debatidos en el Congreso de la República.
Uno de ellos, tiene por objeto brindar las herramientas científicas necesarias al Gobierno Nacional, para poder determinar si se realiza Fracking o no en Colombia, ya que este paso es más que necesario; considerando el informe emitido por el Departamento Nacional de Planeación, la CEPAL y la Agencia Francesa para el Desarrollo, donde establecieron que reducir la producción de petróleo y carbón afectaría el empleo, aumentaría la pobreza e impactaría de forma negativa el PIB del país, de tal manera que apoyados en estas pruebas científicas, se preservaría la seguridad energética del país.
Es de anotar que esta iniciativa se presentó por segunda vez, debido a que en el periodo legislativo anterior, no cumplió con los debates requeridos en el Congreso.
La otra iniciativa
El otro proyecto radicado busca reforzar la protección de la propiedad privada de predios rurales frente a la ocupación ilegal, adoptando medidas para garantizar el goce pacífico de este derecho, prevenir las vías de hecho, al igual que promover la cultura de la legalidad en todo el territorio nacional y se facilite la labor de las autoridades.
Las invasiones de predios privados rurales, así como de terrenos baldíos, es un problema de vieja data en el país; sin embargo, desde hace aproximadamente un año, el fenómeno se ha agravado exponencialmente. Se estima que la problemática afecta a 26 de los 32 departamentos del país, lo que supone un riesgo serio para la estabilidad y la seguridad jurídica de quienes ejercen la posesión o la propiedad legal y pacífica de predios en el territorio nacional, así como la seguridad alimentaria y el derecho al trabajo de miles de colombianos.
Esta iniciativa cuenta con 11 artículos, incluyendo la vigencia, con el ánimo de incentivar el respeto de la propiedad privada, incorporando al ordenamiento jurídico medidas de tipo administrativo que afectan los intereses de quienes recurran a las vías de hecho en la reclamación de tierras. Asimismo, pide al Gobierno Nacional a diseñar e implementar una política que promueva en la población la cultura de la legalidad y prohíba incentivar la ocupación indebida de predios, especialmente los rurales.
Con información y foto de la Cámara
