La Procuraduría General de la Nación manifestó su preocupación por los retrasos en el cumplimiento de las sentencias judiciales que ordenan al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la delimitación de los páramos, ecosistemas que abastecen de agua potable a más de cinco millones de habitantes de 104 municipios del país, incluyendo 16 ciudades capitales.
La alerta fue expresada por el procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Guerrero Ruíz, en el marco del Foro “Gobernanza del Agua”. En su intervención, el delegado informó que la alerta se generó luego de que el Ministerio de Ambiente notificara que los espacios de participación ambiental en el marco de los procesos de delimitación de los páramos de Santurbán, Pisba y Almorzadero serían reprogramados, lo que implica un nuevo retraso en la delimitación de estos ecosistemas, orden derivada de la Sentencia T-361 de 2017 emitida hace casi cinco años.
El órgano de control pidió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas por las altas cortes, relacionadas con la delimitación de las zonas referidas a ecosistemas tales como los páramos de Santurbán, Pisba, Almorzadero, Sumapaz y Cruz Verde, decisiones que se encuentran en firme y cuya verificación ha sido atribuida a la Procuraduría General de la Nación.
La entidad también afirmó que, la demora en el cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas por las altas cortes ha generado graves impactos en la garantía de oferta y calidad del recurso hídrico, el aumento de la minería ilegal, el deterioro del tejido social de los campesinos, mineros y habitantes de este territorio y la grave contaminación con mercurio de fuentes hídricas tales como el río Suratá en Santander, la cual es fuente de abastecimiento de agua potable de Bucaramanga.
Con información y foto de la Procuraduría.