Audiencia de justicia para condenar al exmandatario y sus colaboradores / «Nos cortaron el vientre como a animales» dice una de las victimas
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«Me aplicaron anestesia local y vi cómo me cortaban el vientre con un serrucho, parecía que iban a matar a una vaca. Había dos médicos y dos enfermeras, y yo solo quería correr, pero me amarraron de los brazos y las piernas. Después ya solo recuerdo que me desperté en una sala y, cuando reaccioné a base de cachetazos en la cara, solo pude llorar»
Gloria Basilio es una superviviente, una de las más de 300.000 mujeres que fueron esterilizadas forzosamente en Perú durante el segundo mandato de Alberto Fujimori (1990-2000) en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, una medida con la que el Estado pretendía luchar contra la pobreza. Estas prácticas afectaron principalmente a mujeres de procedencia indígena, con escasos recursos económicos, de zonas rurales y urbano populares. También fueron esterilizados en contra de su voluntad unos 24.000 hombres.
«Se trata de un crimen de lesa humanidad. Vulneraron derechos humanos, derechos reproductivos, el derecho a la planificación familiar, al acceso a una gama más amplia de anticonceptivos, el derecho al consentimiento previo libre e informado y por escrito, tratándose de métodos irreversibles», explica a este medio María Ysabel Cedano, abogada de la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).
«Se dio un patrón sistemático y generalizado contra una población civil determinada con conocimiento de la vulneración de derechos»
Las reclamaciones de las victimas tiene este lunes una probable respuesta de la justicia que ha seguido el caso en 25 años, los responsables de la implementación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar –Fujimori y sus exministros de Salud, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y Mariano Costa– aún no han sido juzgados. Defienden que el objetivo era reducir la pobreza, pero tampoco lo lograron. De hecho, la situación económica de las mujeres esterilizadas en contra de su voluntad sigue siendo muy precaria a día de hoy y en numerosos casos sus hijos tampoco han podido progresar como consecuencia de todo lo sufrido.
«Solo habrá juicio si la investigación judicial concluye en una acusación del Ministerio Público. El juez ahora tiene que investigar a fondo, averiguar si hubo responsabilidad penal en los promotores de esta política. Queremos que Fujimori, los exministros de Salud y jefes médicos de estos delitos de lesiones graves seguidas de muerte y lesiones graves –en contexto de conflicto armado interno– que configuraron este crimen de lesa humanidad puedan ser acusados y llevados a juicio», aclara la abogada.
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