La violencia contra las niñas ya no ocurre a puerta cerrada: hoy se replica en pantallas, servidores y algoritmos que no descansan.
Las cifras lo confirman. En Colombia, nueve de cada diez reportes de violencia digital contra menores corresponden a mujeres, según Te Protejo (2012-2025); en el orden global representan el 98 % de las víctimas, de acuerdo con la plataforma mundial INHOPE (2025). Y ahora hay nuevas fronteras de victimización con la inteligencia artificial generativa y los ultrafalsos (deepfakes). No es en vano que la tasa de intento de suicidio sea tres veces mayor en niñas, como señala SIVIGILA.
Los informes de Global Kids Online son contundentes . Las niñas en Colombia y Latinoamérica sufren vulnerabilidades específicas en el entorno digital:
● Presión por unos estándares de belleza.
● Exposición a formas de violencia basadas en el control y la explotación sexual (grooming: manipulación de adultos , difusión de imágenes íntimas sin consentimiento). En nuestro país esto se agrava por el uso de redes sociales por parte de grupos armados o redes de trata.
● Refuerzo a estereotipos de género que limitan la visión de futuro femenina y, por tanto, su participación en áreas de ciencia y tecnología. La violencia, además, suele venir de entornos cercanos: incluye el ciberacoso entre
pares y se ve agravada por la falta de acompañamiento crítico de los cuidadores, muchas veces limitada por el analfabetismo digital. Esto se agrava por la desconexión entre la familia y el colegio: la escuela suele prohibir el celular, mientras para sus padres constituye una "niñera digital". Resultado: las niñas y adolescentes carecen de una guía coherente sobre lo que es ser ciudadana digital.
En este contexto, el Ministerio de las TIC presenta un borrador de decreto para reglamentar la Ley 2489 sobre la protección en línea de niñas, niños y adolescentes, que deja su cuidado al libre arbitrio y buena fe de las plataformas digitales. Los verdugos, encargados de cuidar a sus víctimas.
No establece obligaciones, lineamientos técnicos, mecanismos de verificación ni represalias por faltas. Al elegir la autorregulación voluntaria, el Estado traslada nuevamente la carga de cuidado a familias y comunidades educativas.
Mientras el mundo reacciona frente a las empresas de tecnología que se han lucrado enormemente al exponer a los menores a múltiples riesgos —incluida la venta de su información y sus datos—, Colombia decide confiar en ellas.
Este decreto es una bofetada a la niñez, las familias y los colegios. El Ministerio de las TIC prioriza los intereses de las grandes tecnológicas sobre el cuidado de la infancia y adolescencia.
Los invitamos a sumarse a esta petición en línea: https://q.me-qr.com/l/InternetSeguro para exigir una regulación con mecanismos de cumplimiento, transparencia y participación de la sociedad. La violencia es prevenible pero requiere voluntad política.
