Cuba y Nicaragua son los principales focos de atención, y pronto las intervenciones estadounidenses transformarán las dictaduras que los medios de comunicación occidentales no hacen tan relevantes como Irán, China, Rusia, Corea del Norte y muchos otros países que, por razones de interés, están excluidos de la lista de represión del hemisferio occidental y América.
Cuba y Nicaragua son los dos estados que someten a sus ciudadanos a extremas imposiciones de control y perdida de libertades. El ex guerrillero sandinista convertido en dictador, Daniel Ortega, junto a su esposa, Rosario Murillo, han creado lo que posiblemente sea el sistema político más aislado del hemisferio occidental.
Hace unas semanas, Ortega amenazó con no celebrar elecciones nunca en su país, lo que despertó la atención del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien pronto comprendió que era el momento de actuar. Ortega, viejo izquierdista anti-estadounidense ha bloqueado el acceso a opositores políticos a su régimen, encarcelando a cualquier persona considerada desleal al Estado y confiscando las propiedades de activistas políticos a quienes se les ha prohibido la entrada a Nicaragua de manera indefinida.
Rubio, ante el decreto antidemocrático de Ortega, convocó a la comunidad internacional a unirse y demostrar al régimen que tal acción no sería aceptada. Ortega, quien fue fundamental en la caída de la dictadura de Anastasio Somoza respaldada por EEUU a finales de los años setenta, ha transformado su país en una cleptocracia familiar cada vez más estruendosa y menos próspera. Algo que anhelaron los autodenominados progresistas de América del Sur: Correa, Boric, Morales, Maduro y Petro, todos finalmente fundidos.
Las manifestaciones de Ortega y la respuesta de Rubio no sorprenden a las democracias saludables; nada asombra si un país está en manos de un criminal como Ortega, quien, desde las protestas antigubernamentales de 2018, ha incrementado gradualmente el poder estatal y ha tomado medidas para asegurar que no haya nuevas protestas. El dictador Ortega resuelve los problemas mediante arrestos. Todos los opositores en el país han sido encarcelados, solo para ser liberados y expulsados del país. A quienes se consideran una amenaza para el Estado se les ha revocado la ciudadanía y se les han confiscado sus bienes. Miles de organizaciones activistas y no gubernamentales han sido declaradas ilegales y clausuradas; ni la Iglesia Católica se ha salvado de la brutal represión.
EEUU y la mayoría de los países del continente han respondido con censura diplomática y sanciones contra funcionarios nicaragüenses considerados cómplices de las tácticas autoritarias. Nicaragua se ha convertido en un refugio para delincuentes que son acogidos por el régimen, con beneficios que favorecen los intereses económicos de Ortega y su esposa.
La intervención de EE. UU. podría empeorar la situación en Nicaragua. Es probable que las decisiones afecten aún más a la población civil. Las remesas de nicaragüenses en EE. UU. se envían cada mes y constituyen un alto porcentaje de su sustento. Para Washington, elegir el momento adecuado para sacar a Ortega del poder será fácil; solo necesitarán implementar nuevas regulaciones que limiten la cantidad de dinero que los trabajadores nicaragüenses pueden enviar a sus familias, de forma similar a lo que hacen con Cuba, mientras que se imponen tarifas más altas sobre los productos nicaragüenses en el mercado estadounidense e incluso podrían suspender el comercio por completo y sancionar a quienes negocian con ciertos sectores de la economía nicaragüense.
Nicaragua es el segundo país más pobre del hemisferio occidental después de Haití, su respuesta de defensa podrá volver utilizando la migración como arma, ya lo ha hecho antes, convirtiendo a Nicaragua en un punto de tránsito para migrantes cubanos, haitianos y africanos, una política que le permite beneficiarse expidiendo documentos de viaje, complicando la situación en la frontera entre EEUU y México.
Los funcionarios de Ortega que han ocultado sus ganancias ilícitas en cuentas en el extranjero, involucrándose en negocios corruptos para recuperar la pérdida de ingresos, tendrán la opción de recurrir a socios internacionales para obtener apoyo.
El colapso económico de Venezuela, que duró diez años, se vio sin duda favorecido en parte por las sanciones estadounidenses a su industria petrolera. La actual crisis humanitaria en Cuba se debe en gran medida al bloqueo estadounidense del combustible hacia la isla y a las sanciones financieras secundarias que han forzado a los operadores hoteleros extranjeros a abandonar el país, devastando la economía turística, al tiempo que se prohíbe el uso del sistema financiero estadounidense o a operar en el mercado estadounidense. ¿Acaso con Nicaragua se daría una situación diferente en este sentido? La historia sugiere que es poco probable. El destino de Ortega y su régimen está sellado; con el tiempo, EEUU tendrá razón. Venezuela cayó, y lo mismo ocurrirá con Cuba y Nicaragua. Proteger a la población civil es la principal prioridad; será incómodo salvarlos de los pecados de sus líderes, pero el mundo sabe que las sociedades autocráticas y el progresismo disfrazado no tienen lugar en América.
