Colombia tendrá que entregar informes detallados sobre los casos de interceptares ilegales y dar balances de detenciones por esos casos.
Una enmienda impulsada por el congresista Jim McGovern en la Cámara de Representantes de EE.UU., en la que se exige el cumplimiento de condiciones para poder seguir recibiendo ayuda de la administración Trump.
El comunicado dice “Ningún equipo o suministros militares o de inteligencia transferidos o vendidos al gobierno de Colombia en virtud de los programas de asistencia del sector seguridad de los Estados Unidos deben usarse para fines de vigilancia ilegal o recolección de inteligencia dirigida contra la población civil, incluidos defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas o la oposición política”.
Mike Pompeo y el Departamento de Defensa tendrán que entregar al Congreso antes de culminar el año un informe detallado sobre el uso que se le ha dado y se le está dando a la asistencia del sector seguridad brindada por Washington.
Ese informe se sujeta a especificar hallazgos de interceptaciones ilegales entre 2019 y 2020, dando claridad de los uniformados que participaron y las cadenas de mando que tenían en ese momento, además de explicar la destinación que tuvo la información obtenida por las unidades.
De la misma manera se debe entregar un resumen de los militares o policías que participaron de las operaciones ilegales contra la población civil y personas no combatientes desde el año 2002 al 2018.
Y culmina la exigencia con el requerimiento del suministro de los detalles de las acciones que ejecutaron en su momento las autoridades y el Gobierno colombiano al uso de la asistencia suministrada.
