En la 27ª Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27) se ha enfrentado por primera vez la difícil tarea de discutir la compensación económica por daños y pérdidas que los países desarrollados proporcionarán a los países en desarrollo por su compromiso histórico.
Si se terminase llegando a algún acuerdo sobre dicha compensación, la primera reunión de estas características que tiene lugar en África habría logrado alcanzar una de las demandas más importantes por parte del grupo de los países menos desarrollados desde el inicio de estas cumbres /LP7D/The conversation/UNEP/
Implicaciones de un posible acuerdo
En caso de alcanzarse algún acuerdo, la importancia sería doble. Por una parte, significaría el primer reconocimiento oficial de la responsabilidad histórica de los países ricos por haber ejercido una presión sobre los recursos naturales excesivos que ha terminado causando una emergencia climática sin precedentes para todo el planeta.
Por otra parte, las compensaciones económicas por daños y pérdidas debidas al cambio climático podrían significar un cambio real en la resiliencia de los países emergentes y en desarrollo.
La guerra de Ucrania y la pandemia de covid-19 han puesto de manifiesto a nivel mundial la enorme vulnerabilidad de los países en desarrollo, en gran medida causada por sus escasas capacidades de exportación y la alta dependencia de las importaciones de alimentos. Se estima que estas crisis combinadas empujarán a entre 75 millones y 95 millones de personas más a la pobreza extrema en 2022 (viviendo con menos de 1,90 dólares, 1,84 euros, por día).
Financiación pública y privada
La London School of Economics y la Brookings Institution –a petición de la presidencia egipcia de la COP27 y de la presidencia británica de la COP26– presentaron un informe en el que se solicita al sector privado una inversión de aproximadamente el 2,5 % del PIB mundial para 2030. El objetivo es reducir la vulnerabilidad de los países menos desarrollados y posibilitar que puedan reducir sus emisiones de carbono.
En total, las necesidades de financiación del sector privado se estiman en unos 2 400 millones de dólares al año para 2030. El informe indica, además, que las subvenciones y préstamos de los gobiernos de países desarrollados alcanzarán los 60 000 millones de dólares anuales para 2025.
Además de estas compensaciones por daños y pérdidas, el Acuerdo Climático de Glasgow ya obtuvo un compromiso de los donantes para duplicar la financiación de la adaptación entre 2019 y 2025 hasta los 50 000 millones de dólares.
Algunos países han anunciado a lo largo de la presente cumbre ir más allá de lo comprometido. Un ejemplo es Reino Unido, que ha asegurado que triplicará sus aportaciones individuales.
Alertas tempranas para evitar muertes y daños
Para comprender la magnitud de la importancia de las compensaciones por daños y pérdidas, junto con los fondos económicos solicitados para la adaptación, basta con pensar en lo que podría suponer para los menos países desarrollados la nueva iniciativa Alertas Tempranas para Todos. El proyecto fue presentado por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en la Sesión de Apertura de la COP27.
Dicha iniciativa, según el informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), requeriría nuevas inversiones de alrededor de 3 100 millones de dólares entre 2023 y 2027. Esta modesta cifra representa aproximadamente el 6 % de lo que se desea comprometer para el fondo de adaptación.
Las alertas tempranas han demostrado ser herramientas que además de salvar vidas tienen beneficios económicos significativos. Según lo indicado por el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, un aviso con 24 horas de antelación ante un evento extremo podría reducir la cuantía de los daños producidos alrededor de un 30 %.
Menor desigualdad y vulnerabilidad social
Se puede por tanto entender que una compensación económica por daños y pérdidas debidas al cambio climático podría implicar cambios profundos que ayuden a revertir algunos mecanismos históricos de la trampa de la pobreza. Este concepto hace alusión a la incapacidad de los países menos desarrollados de generar el ahorro necesario para llevar a cabo proyectos de inversión que permitan a sus economías superar situaciones de vulnerabilidad.
Teniendo en cuenta que cada vez más expertos advertirán de los efectos negativos de las desigualdades, la vulnerabilidad social podría generar un aumento descontrolado del crédito, causar crisis financieras y por tanto actuar como freno al económico
Las compensaciones económicas por daños y pérdidas debidos al cambio climático que se están negociando en la COP27 contribuirán a reducir las desigualdades. Esto supondrá un motor para el crecimiento económico en los países menos desarrollados, pero también podría serlo en los más ricos.
CON INFORMACION: The conversation / Sonia Quiroga, Profesora Titular de Análisis Económico y Economía Cuantitativa, Universidad Complutense de Madrid
