Protestas,muertos, masacres, narcotráfico, desempleo,violencia policial y ausencia de Estado en medio de la pandemia en Colombia
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La semana anterior la muerte de hombre a manos de la policía desató un sin número de protestas que ojos críticos han determinado como el catalizador de meses de confinamiento, indignación por desatención estatal y violencia sin fin en medio de la pandemia mundial de la Covid 19
En Bogotá la capital, fueron incendiados más de 75 centros de atención inmediata (CAI) que ofician como comisarias de seguridad ciudadana y son atendidos por la policía nacional. En la capital existen alrededor de 150 de estos centros en diferentes sectores y barrios.
Los gobiernos Nacional y el de Bogotá han encausado sus diferencias políticas desde las acciones de violencia que deja 13 personas muertas en las revueltas que enfrenta a la policía con grupos de violentos que vandalizan diferentes sectores y servicios.
La policía está en la mitad de las situación, ha perdido su gestión de servicio y protección y sus actores son atacados y desautorizados por la perdida de confianza de los ciudadanos.
«En Bogotá no se veía algo así desde la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, en la década de los cincuenta», dice a elDiario.es Ariel Ávila, analista político y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Además de las víctimas mortales, 136 personas han resultado heridas de bala, entre ellas 25 personas con lesiones de gravedad, según el recuento de la Fundación Lazos de Dignidad.
El Gobierno del presidente Iván Duque, ha defendido que en las protestas está infiltrada la guerrilla del ELN y grupos armados que se apartaron del proceso de paz de las FARC y que son estimulados desde Venezuela por los fallidos narcotraficantes y lideres de esa extinta guerrilla firmante de ese proceso.
El presidente Duque también ha respondido con la promesa de más transparencia, una investigación sobre los hechos y más cursos de derechos humanos para los agentes. Sus palabras por ahora no apaciguan las protestas. Nadie ha dimitido ni ha habido destituciones. Según Ávila, «debería caer toda la cúpula de la policía».
«Primero no lo creía, luego lloramos, lloramos un montón. Aún es difícil». Natalia Correa Espitia, activista feminista, conocía a una de las víctimas de la noche del 10 de septiembre. «Todo esto es responsabilidad de la policía nacional, esta gente tiene que desaparecer, no hay una forma de negociar eso». Natalia lleva días participando activamente de las protestas y habla con tristeza y con rabia. «Somos la generación del no futuro. No tenemos casa, no vamos a tener pensión, no tenemos nada que perder. Si no lo quemamos todo ahora, no vamos a tener nada más adelante. Prefiero que lo quememos todo ahora».
Muchos de los jóvenes que salen desde el 10 de septiembre a manifestarse sienten lo mismo. Colombia lleva meses de dolor e indignación acumulados que se vierten ahora en las calles a raíz de las denuncias de violencia policial. «Indudablemente había una afectación contenida, una ira», describe Ávila. «La pandemia ocultó toda esta Colombia indignada. Solo faltaba algo que la hiciera estallar».
Según el analista, «son muchos los factores» que alimentan esta rabia. La oleada de masacres que atravesó Colombia durante el último mes todavía está fresca en la memoria de muchos. Pusieron de manifiesto el largo camino que todavía separa al país de la paz y que provocaron la indignación de gran parte de la ciudadanía contra el Gobierno.
Por otro lado, Colombia está entrando en una de las peores crisis económicas de su historia a raíz de la pandemia de COVID-19, que ha afectado principalmente a las clases medias y bajas. La OCDE pronostica que el desempleo en el trabajo formal llegará al 20% en un país donde la mitad de la población trabaja en la economía sumergida. Muchas voces critican que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente y ha descuidado a la gente de a pie, priorizando a las grandes empresas. Las localidades de Bogotá donde se produjeron las primeras manifestaciones son, precisamente, de las más afectadas tanto por la crisis sanitaria como económica.
Se denuncia que «los abusos de autoridad en los municipios son constantes». Según el barómetro del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, solo un cuarto de los colombianos confía en la policía, el segundo índice más bajo desde 2004.
Sin embargo, el cuerpo policial sigue siendo una institución con un poder muy amplio: es la única fuerza de seguridad en todo el país y concentra muchas competencias sin control. Se considera un poder enraizado en las heridas del conflicto armado colombiano, que todavía sangran, y que han provocado que la policía y el Ejército hereden una autoridad incuestionable y la potestad para combatir todo aquel que sea considerado enemigo.
Alrededor de las protestas, donde impera la confrontación directa con la policía, se levantan las voces que piden reformas en la institución. «Hay que tratar de romper esa concentración de poder en la policía», «Es un escenario sistemático, no hay casos aislados, y seguimos exigiendo una reforma de la doctrina de su policía, de su funcionamiento, y el desmonte inmediato del ESMAD (el escuadrón antidisturbios)». Si la situación no cambia, dice, «la gente no va a parar de llenar las calles. Hay una rabia acumulada».
CON INFORMACIÓN: elmundo.es
