Octava Conferencia Global de Políticas de Alcohol (GAPC 2026), celebrada en Río de Janeiro este mes congregó cientos de participantes, entre investigadores, decisores, activistas y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo para definir respuestas frente a los «determinantes comerciales» del daño causado por el alcohol; es decir, la influencia de la industria en el consumo a través de la publicidad y la disponibilidad de sus productos. En este espacio, libre de interferencias comerciales, Colombia trascendió el rol de espectador para convertirse en un protagonista con aportes técnicos y una agenda clara.
La delegación colombiana —integrada por la Fundación Anáas, Red PaPaz, PROESA (Universidad Icesi), el Instituto Nacional de Cancerología y SINERGIAS— participó mediante ponencias, pósters científicos y sesiones plenarias. El objetivo fue proyectar en el escenario global los avances logrados en el país: evidencia rigurosa, articulación entre sectores y propuestas de política con una profunda vocación transformadora.
Entre las contribuciones centrales de la delegación se destacaron:
- El análisis de la carga de enfermedad atribuible al alcohol en Colombia.
- El impacto potencial de medidas fiscales y regulatorias adaptadas al contexto nacional.
- Aportes técnicos a la Estrategia Nacional de Respuesta al Alcohol, el Plan de Control de Cáncer y la Política de Drogas.
- Evidencia sobre el consumo en comunidades indígenas desde una perspectiva intercultural.
- Iniciativas para transformar las narrativas sociales que normalizan y promueven el consumo.
Esta participación no es un hecho aislado, sino la expresión de un proceso sostenido de generación de conocimiento e incidencia política que nuestras organizaciones adelantan de manera articulada. Regresamos de Río con nuevos compromisos y alianzas para seguir impulsando políticas efectivas en nuestro territorio.
Como organizaciones firmantes, reiteramos nuestra posición: las políticas de alcohol en Colombia deben basarse en evidencia científica, estar orientadas a proteger a las personas y permanecer blindadas frente a la interferencia de la industria. El daño causado por el alcohol no es un problema individual; es un desafío de salud pública que exige respuestas estatales valientes y un enfoque firme en los derechos humanos.
Para Blanca Llorente, Directora de investigación de la Fundación Anáas, “este espacio de conocimiento compartido permite abordar integralmente la realidad del alcohol y las acciones urgentes y al alcance de los Estados para reducir sus daños. Es muy importante recoger las experiencias sobre implementación de mejores impuestos, restricciones efectivas a la publicidad y a la disponibilidad, en un momento en que la sociedad colombiana enfrenta el reto de un cambio demográfico que requiere generar años de vida saludable. El camino es modificar a nivel poblacional la tendencia de consumos no saludables como el de alcohol, sobre todo de cerveza, con estas medidas de alto impacto que tienen efectos inmediatos en la reducción de la carga de enfermedad”.
Para Victoria Soto, Directora de PROESA, “Desde PROESA, esta participación representa un avance importante en nuestra manera de contribuir al debate sobre políticas de alcohol desde la economía de la salud. No solo fortalecimos y ampliamos redes con actores de academia, sociedad civil y gobierno, sino que también consolidamos un rol más activo en espacios de diseminación y discusión técnica, incluyendo el análisis y diseño de políticas fiscales como los impuestos al alcohol. Este trabajo ha reafirmado la relevancia del monitoreo riguroso y la generación de evidencia en el país para informar decisiones públicas, aportar tecnicidad a la discusión y permitir comparaciones internacionales que sitúan a Colombia frente a otros países de América Latina y del mundo. Asimismo, se han fortalecido capacidades locales para el análisis y uso estratégico de datos, ampliando la visibilidad y la incidencia del país en la agenda global de control de alcohol”.
Para Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz, SUGERENCIA: es fundamental aprovechar el impulso generado por la exhortación de la Corte Constitucional para actualizar la estrategia nacional de prevención del consumo de alcohol. No obstante, enfatiza que el país también requiere la adopción de medidas jurídicas permanentes y vinculantes dentro del ámbito institucional. Estas normas deben ser capaces de transformar la realidad que hoy vulnera la vida y la salud de las niñas, niños y adolescentes colombianos, quienes enfrentan un inicio temprano en el consumo como consecuencia de precios excesivamente bajos, una publicidad agresiva, la alta disponibilidad de estas bebidas y la desinformación sobre los daños que causan.
