“La prioridad para la aplicación de las leyes de migración estará en aquellos que representen una amenaza para la seguridad nacional, por supuesto, una amenaza a la seguridad pública y los recién llegados” la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
La decisión supone una ruptura con la política del gobierno de Donald Trump, que amplió el espectro de las expulsiones a migrantes acusados de delitos como conducir bajo la influencia de alcohol o drogas, o agresión, entre otros.
Los agentes de esa agencia, que tiene a cargo las deportaciones, ya no se centrarán en expulsar del país a migrantes detenidos por conducir bajo influencia del alcohol o drogas, agresión u otros delitos.
En cambio, se enfocarán en quienes representen una amenaza a la seguridad nacional, quienes hayan cruzado la frontera recientemente y quienes completen penas de prisión por delitos graves.
Psaki, aclaró que las personas detenidas por delitos como conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, o por agresiones “deben ser juzgadas y sentenciadas según corresponda por las fuerzas del orden locales”.