Congresistas que votaron pertenecen a los partidos Cambio Radical, La U, Conservador, Centro Democrático y Liberal.
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Aquí una infografía que realizó el representante del Partido Verde Fabián Diaz: /Tomado de @FabianDiazPlata
El artículo 68 del proyecto de ley anticorrupción que dispone la posibilidad de sancionar mediante la cancelación de la personería jurídica de organizaciones comunitarias a quienes injurien o calumnien a funcionarios, e incluso, exfuncionarios públicos.
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) dice que es una norma decididamente regresiva contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los colombianos.
César Lorduy de Cambio Radical fue el ponente de ese artículo y según afirmó en la emisora nacional Blu Radio, no redactó el texto que de hecho pedía prisión hasta de 20 años para quienes difamaran a funcionarios públicos, y tampoco sabe quién lo hizo, aún así la mayoría de la Cámara lo aprobó.
Partido Cambio Radical:
César Lorduy, Aquileo Medina, Bayardo Betancourt, Carlos Cuenca, Ciro Fernández, David Pulido, Eloy Quintero, Karen Cure, Gloria Zorro, Jorge Benedetti, José Amar, José Pinedo, Néstor Rico, Oscar Arango y Jaime Rodríguez.
Partido de La U:
Astrid Sánchez, Erasmo Zuleta, Hernando Guida, Óscar Lizcano, Jorge Burgos, José Salazar, Milene Jarava, Mónica Raigoza, Teresa Enríquez, Wilmer Carrillo, Jaime Yepes, Anatolio Hernández y Fáber Muñoz.
Partido Conservador:
Armando Zabaraín, Buenaventura León, Nidia Osorio, Diela Benavides, Emeterio Montes, Féliz Chica, José Padilla, Juan Rivera, Germán Blanco y Felipe Muñoz.
Partido Centro Democrático:
Edward Rodríguez, Gustavo Londoño, Héctor Ortiz, Henry Cuéllar, Hernán Garzón, José Uscátegui, Luis Gómez, Milton Angulo, César Martínez, Christian Garcés y Jhon Bermúdez.
Partido Liberal:
Álvaro Monedero, Elizabeth Jay-Pang, Jhon Roldan, Kelyn González, Nilton Cordoba, Nubia López y Víctor Ortíz.
La Flip alertó que el apoyo de 73 representantes a la imposición de estas medidas desproporcionadas y aleccionadoras contra la prensa, en contravía de todas las advertencias de su efecto censurador, revela un poder legislativo que rechaza la veeduría ciudadana y, en su lugar, ejerce el poder con un fin intimidatorio, un mensaje nefasto para la libertad de expresión en el país.
“El artículo en cuestión mantiene la opacidad, en contravía del propósito del proyecto de ley, sofoca el debate público y crea un terreno fértil para la corrupción impidiendo a la prensa y a las organizaciones de sociedad civil cumplir su rol de perro guardián en una sociedad democrática”
Afirmó que hay una evidente inconstitucionalidad del artículo y su desconocimiento de los estándares interamericanos, la inconveniencia es clara. Cuando los y las periodistas están frente al riesgo de ser sancionados penalmente, tienden a autocensurarse, afectando gravemente el libre flujo de información en una sociedad democrática, en especial en las regiones.
“Hacemos un llamado a la Comisión que conciliará el texto definitivo del proyecto de ley, para que lo retire, y en caso de ser incluido, exhortamos al presidente Iván Duque para que objete parcialmente el Proyecto de Ley Anticorrupción, en particular el artículo 68 ya que es inconstitucional”, dijo la Flip.
