Los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos pusieron en marcha los primeros proyectos en el marco de la Estrategia Holística contra las Drogas, formulada por la Casa Blanca, que aborda desde una perspectiva de desarrollo rural y protección ambiental los territorios vulnerables afectados por economías ilícitas asociadas con las drogas ilícitas, consolidando así la nueva política en la lucha contra este flagelo, desde un enfoque integral y basado en la evidencia.
Esta primera alianza, suscrita entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), constituye la primera iniciativa entre el Gobierno del Presidente Gustavo Petro y la administración de su homólogo estadounidense, Joe Biden, para el desarrollo de la Estrategia Holística contra las Drogas.
La estrategia aborda tres líneas estratégicas: reducir de forma integral la oferta de narcóticos, fortalecer la seguridad y el desarrollo rural integral en los territorios y proteger el medio ambiente.
De esta forma, se busca trasformar el territorio, eliminar los cultivos de uso ilícito, establecer una presencia del Estado efectiva y sostenible y garantizar la protección de los derechos humanos.
Este nuevo enfoque para intervenir los territorios con una alta presencia de cultivos ilícitos empezó a ser implementado en los municipios de Tumaco (Nariño), Cáceres (Antioquia) y Sardinata (Norte de Santander), en los que se acordaron ocho formas de medir la intervención institucional.
En ese sentido, se evalúa la cantidad de hectáreas de coca erradicadas, la incautación de clorhidrato de cocaína y de pasta base de coca, el número de personal de Policía colombiana capacitado con apoyo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de los Estados Unidos que ejerce funciones de seguridad rural.
Por otro lado, se tiene en cuenta el número de hectáreas tituladas o con contratos de derechos de uso y en mejora de su estado de conservación, la tasa de imputación por lavado de activos en delitos asociados al narcotráfico en la zona, el número y valor de los bienes con medidas cautelares de extinción del derecho de dominio y el número de personas con capturas legalizadas relacionas con delitos ambientales.
El convenio fue firmado por el ministro Néstor Osuna, la directora de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, Gloria Miranda; la directora de la Misión de la USAID en Colombia, Anu Rajaraman, y la directora del Programa Nuestra Tierra Próspera, Adriana Vélez.
Con información y foto de la Presidencia.
