cortesuprema.gov.co
Los escándalos de la justicia en Colombia no cesan, son un diario vivir y son nuestra razón de ser inevitablemente. Lo peor es que nadie sabe qué hacer.
A los consabidos escándalos de sus miembros, muchos de ellos inclusos en investigaciones penales y conformantes de un delictivo colectivo denominado “cartel de la toga” se suman a diario decisiones inconsistentes.
La mejor arma de la justicia es el tiempo, la incomprensible demora en procesos se convierte en su escudo y en el mejor resguardo de quienes conscientes de sus ilícitos buscan afanoso refugio allí.
Los hechos en los cuales tiene profunda determinación entre otros José Gregorio Hernández y el desparecido Carlos Gaviria son inconsecuentes con el momento y la constitución.
La interminable demora en completar sus nombramientos obedece al interés de algunos de los actuales miembros (Solo hay 16 de 24) que no acuerdan la inclusión de nuevos miembros. Al interior de la máxima autoridad de la justicia se dijo que no se logra por un marcado interés político de algunos de los miembros actuales.
El País debe exigir un urgente cambio en el reglamento de la máxima instancia de la justicia y la dignidad del Estado.
Las dificultades que tiene la Corte Suprema para cumplir su función electoral irían más allá de la falta de consenso o de que es complicado obtener la mayoría de 16 votos, más en este momento en que se requiere unanimidad porque solo cuenta con 16 magistrados, a juzgar por lo manifestado por el presidente del alto Tribunal, Álvaro García, quien dijo ayer que hay una minoría que de forma deliberada bloquea las votaciones.
“El problema de ese quórum tan exiguo nos ha llevado a que una minoría empiece a bloquear esos nombramientos y esas designaciones. Ha generado que todo se vaya volviendo un paquete, un bloque, para el nombramiento y, por qué no decirlo, se van presentando intereses de cada uno de los magistrados y esas minorías, que no alcanzan a tener una fuerza para la elección, van teniendo una fuerza para el bloqueo. Se presenta una dictadura de las minorías”, dijo el jurista García a Blu Radio.
Añadió que “demoraron tres meses exigiendo que el vicepresidente era este y no votaban. Es una práctica. Al principio ni piden, sino que guardan silencio y luego imponen su voluntad. Ahora, por ejemplo, si quedamos 16, uno solo puede bloquear cualquier nombramiento”.
Por ello el Presidente de la Corte Suprema dijo que es necesario reformar el reglamento interno de esta Corporación. “Hay otra propuesta complementaria y es que el voto no sea privado, sino público porque de esa manera se va a saber quiénes son los que se oponen y deben dar razones”, puntualizó.
En cuanto a la elección del Fiscal General, que se quedó para el 23 de enero del próximo cuando se verificará la primera Sala Plena de la Corte Suprema en esa vigencia, el magistrado García dijo que “hemos tratado de hacerlo muy rápido, desde el día en que el Presidente entregó la terna, que fue hace muy poco. El primer problema que tenemos es del reglamento que tenemos. Es un reglamento muy difícil porque si se exigen dos terceras partes de los componentes de la Corte, se vuelve muy difícil cuando esas vacantes se van presentando”, puntualizó.
‘Demandan’ a la Corte
Por las demoras en la elección de vacantes de magistrados la Corporación Excelencia en la Justicia presentó el pasado lunes una acción de cumplimiento contra la Corte Suprema para buscar que esa corporación ejecute juiciosamente sus deberes a ese respecto. En palabras del director ejecutivo de la CEJ, Hernando Herrera Mercado, “la acción de cumplimiento se suma a la excepción de inconstitucionalidad y a varios derechos de petición, acciones jurídicas también interpuestas por este centro de pensamiento para conminar a la Corte a la provisión de las vacantes pendientes”.
La excepción de inconstitucionalidad pretende que para esta ocasión los magistrados tengan que votar públicamente por los candidatos, y no en secreto, como en la actualidad lo permite su reglamento, con lo que según la CEJ se eliminaría la posibilidad del bloqueo anónimo.
“Los derechos de petición han indagado por las razones para la demora de los nombramientos y que se convoque a sesiones permanentes y extraordinarias hasta cumplir con dicha labor antes de la vacancia judicial. Y la acción de cumplimiento pretende que la Sala Plena ejecute los mandatos constitucionales y legales que la emplazan a reemplazar oportunamente las curules disponibles”, señaló Herrera.
