Rusia está cerrando las redes móviles en muchas zonas del inmenso país como una medida de seguridad contra los drones ucranianos. En occidente algunos especulan sobre que esto se está utilizando para ampliar el control de internet. Una práctica de ataque a la s libertades y que en la UE avanza como propuesta desde Bruselas.
El Kremlin justifica las medidas como parte de estrategia de seguridad, los ataques con drones ucranianos podrían amenazar la estabilidad. Sin embargo, los expertos en occidente temen que la interferencia con la red móvil pueda utilizarse como pretexto para ampliar aún más el control sobre internet.
Las restricciones a la red móvil y a las conexiones de banda ancha están causando importantes perturbaciones en la vida cotidiana de muchos rusos. Según la occidental agencia AP, los residentes de 73 de las más de 80 regiones de Rusia reportan cortes de suministro. En 41 de estas regiones, también se registraron problemas con la red de banda ancha. Servicios importantes como los pagos con tarjeta, los sistemas de navegación y las aplicaciones de comunicación a menudo no funcionan o funcionan de forma limitada.
Incluso en los barrios rusos, se producen cortes de internet impredecibles, que pueden durar horas o días. Una residente de Voronezh cuenta que en julio, sin internet, se sentía como en una cueva y no podía conectarse hasta el día siguiente para ir a trabajar.
El control del estado ruso de internet formaría parte de una estrategia más amplia para censurar y controlar el espacio digital. Tras el incido de la guerra en Ucrania, se bloqueó el acceso a plataformas de redes sociales como Twitter y Facebook.
Algunos medios de comunicación independientes y sitios web tienen problemas al igual según AP, también se están bloqueando servicios como las VPN que podrían contrarrestar estas restricciones.
Las prácticas de suprimir libertad es común en situaciones de países en guerra. Mientras en Ucrania y Rusia la prensa es controlada en Alemania la persecución a personas con parentesco en Rusia han sido bloqueados y retirados de centros de estudios universitarios y medios de comunicación.
En España el gobierno de Pedro Sánchez pretende que los jueces autoricen «pinchar» dispositivos de periodistas para identificar fuentes que revelen secretos informa el medio El Español
