La Procuraduría General de la Nación reiteró a los ministerios del Interior y del Deporte y al Departamento de Prosperidad Social (DPS), la obligación de terminar y liquidar los convenios interadministrativos suscritos al amparo de la reforma a la Ley de Garantías, hoy declarada inexequible.
El ente de control estableció que dichas entidades celebraron convenios interadministrativos en virtud del artículo 124 de la ley de presupuesto, sin que a la fecha se haya dado total cumplimiento a la decisión judicial que ordenó su terminación, liquidación y la de sus contratos derivados.
El Ministerio Público precisó que, de los 15 convenios celebrados por el Ministerio del Interior, con el objeto de promover la convivencia ciudadana, seis ya fueron liquidados por valor de $ 9.429.051.022, quedando pendientes por dicho trámite nueve que superan los $ 13 mil millones.
De otra parte, se encontró que el Ministerio del Deporte suscribió 14 convenios para la construcción de espacios y escenarios deportivos a lo largo del país por más de $ 49 mil millones. A la fecha uno de estos por $ 5.929.715.260, no ha sido liquidado.
Por último, la Procuraduría conoció que el DPS suscribió 24 convenios con el propósito de “aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social” por más de $ 58 mil millones de los cuales 14 no se han liquidado por valor de $ $33.198.138.155, seis se celebraron antes de que comenzara a regir la Ley de Garantías, uno se encuentra exceptuado según la sentencia de la Corte y tres fueron liquidados en desarrollo de la vigilancia preventiva.
El Ministerio Público advirtió que una vez terminados y liquidados los convenios, deberán publicarse las actuaciones correspondientes en la plataforma SECOP.
La Procuraduría continuará cumpliendo su función preventiva y de control de gestión, que a la fecha ha contribuido a la liquidación de 31 de estos convenios interadministrativos, lo que representa un reintegro y devolución de recursos a la Nación por $ 260.579.423.918.
Con información y foto de la Procuraduría.
