Con cabildos abiertos y audiencias públicas especialmente diseñadas para el contexto de los proyectos extractivos, buscan garantizar la democracia ambiental y el derecho a la participación, a la información y a la decisión de las comunidades afectadas por el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Con estos mecanismos de participación las comunidades podrán decidir respecto del desarrollo de esos proyectos en sus territorios.
El proyecto construido por 107 organizaciones de la sociedad civil integrantes del Movimiento Nacional Ambiental, con el apoyo jurídico del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial SIEMBRA y junto con el Representante del Partido Liberal Juan Carlos Losada, el, responde a la sentencia SU-095 de la Corte Constitucional que en el 2018 advirtió que no hay garantías para el pleno ejercicio del derecho a la participación de las personas en el contexto extractivo, e instó al Congreso para que legisle en la materia desarrollando uno o más mecanismos de participación para el contexto de interés.
Durante el 2019 y el 2020 Colombia fue el país del mundo más peligroso para quienes lideran la defensa del ambiente. En esos años fueron víctimas de homicidios en el país, respectivamente, 64 y 65 líderes y lideresas ambientales, lo que corresponde a cerca de la tercera parte del total de las personas asesinadas por esta causa en todo el planeta durante los dos últimos años. Esta situación de vulnerabilidad está relacionada con la desprotección a la participación y a su vez desincentiva a las comunidades a participar en contextos ambientales.
Ante este panorama, en el 2018 la Corte Constitucional reconoció que era fundamental suplir el déficit de protección a la participación y que para ser real, esta debería permitir a las comunidades incidir en la toma de decisiones.
Por ello, el Representante por el Partido Liberal Juan Carlos Losada, en conjunto con 19 congresistas más, y el Movimiento Nacional Ambiental, con el apoyo jurídico del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial SIEMBRA construyeron el proyecto de Ley “Democracia Ambiental”, que crea mecanismos de participación específicamente diseñados para implementarse en las diferentes fases de la etapa de exploración y explotación, para así prevenir y resolver de manera pacífica los conflictos socioambientales y permitir que el desarrollo sea sostenible.
El proyecto incluye tres mecanismos para la etapa de exploración: 1. Audiencia pública ambiental ante solicitudes o convocatorias de exploración, 2. Cabildo abierto para decidir sobre la conveniencia o inconveniencia del proyecto, y 3. Audiencias públicas de seguimiento a la exploración. Así mismo, crea dos mecanismos de participación para la etapa de explotación de los proyectos relacionados con el uso de recursos naturales no renovables: 1. Audiencias públicas de control socioambiental y 2. Cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto.
Para el Representante Juan Carlos Losada, “Esta Ley de Democracia Ambiental responde a una regulación integral del derecho a la participación en el contexto del extractivismo para reconocer los intereses y necesidades de la población civil, protegiendo sus derechos al acceso a la información, sus derechos políticos, su vida, su integridad personal, a la salud y al ambiente sano”.
Por su parte, el Representante Duvalier Sánchez, agregó que defender el medio ambiente no le puede costar la vida a los líderes. “Este nuevo Congreso debe hacer esfuerzos mayores por garantizar la protección del ambiente y frenar el cambio climático, para esto es fundamental legislar por la educación ambiental y vincular a la población civil.”
Robinson Mejía del Movimiento Nacional Ambiental señaló que “la iniciativa legislativa surge desde las necesidades de los territorios que no tienen agua potable, carreteras y escuelas, pero que sí tienen títulos mineros y bloques petroleros impuestos sin ninguna participación de las comunidades”. Sara Sofía Moreno de SIEMBRA indicó que “el proyecto de ley se deriva del exhorto que hizo la Corte Constitucional al Congreso de la República para definir mecanismos de participación ciudadana. Llegó la hora de establecer estructuras legales que generen cambios en la normativa y que atiendan el vacío en materia de participación”.
Respecto de los mecanismos de participación en la etapa de exploración, el proyecto propone la celebración de un cabildo abierto socioambiental, que es el mecanismo de participación para que la población decida si el proyecto debe ocurrir. Este espacio estará antecedido por una audiencia pública ambiental a modo de espacio informativo.
Respecto a la etapa de explotación de recursos naturales no renovables, la Ley de Democracia Ambiental plantea la realización de audiencias de seguimiento a los impactos ambientales, sociales, territoriales y culturales generados por el proyecto extractivo y a las medidas tomadas para su mitigación, compensación y reparación. Estos espacios obligarán a las empresas a rendir cuentas sobre los impactos causados por el proyecto minero o de hidrocarburos y sobre el avance de las medidas de compensación y reparación por los daños en los territorios. Por su parte, el Cabildo Abierto Preparatorio para el cierre del proyecto suple un vacío en la legislación actual acerca del cierre minero, brindando herramientas para garantizar que las comunidades afectadas participen en esta fase y acuerden con las entidades estatales y las empresas, medidas de reparación integral y mitigación de los impactos sociales, ambientales, culturales y territoriales causados por los proyectos extractivos, así como mecanismos para el cumplimiento de esas obligaciones como requisito para dar por culminado el proyecto extractivo.
De este modo, se proponen herramientas que permitirán a las comunidades y al Estado garantizar que los responsables de los proyectos cumplan con sus obligaciones en materia de DD.HH. antes de cerrar el proyecto y que los impactos territoriales, culturales, sociales y ambientales sean plenamente atendidos conforme a las expectativas de la población afectada.
El proyecto también cuenta con el apoyo de Congresistas multipartidistas y entrará a discusión y debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Con información y foto de la Cámara de Representantes.
