Tras ser destituido por el Congreso, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, declaró tener «la conciencia tranquila».
- Antía Castedo, @anticas/BBCMUNDO
«Salgo del palacio de gobierno como entré hace dos años y ocho meses, con la frente en alto», aseguró.
Vizcarra sucumbió ante el segundo juicio político en su contra que se celebra en Perú en solo dos meses, tras lograr salir airoso del primero, abierto por un presunto delito de tráfico de influencias.
Y aunque parecía que la moción no iba a contar con los apoyos necesarios tampoco esta vez, distintas informaciones en medios locales en las últimas semanas en relación a presunta corrupción por parte de Vizcarra acabaron decantando la balanza.
Los señalamientos contra Vizcarra -quien niega todas las acusaciones y no ha sidoimputado por la justicia de su país- se encuadran dentro de la investigación del caso conocido como «el Club de la construcción», por haber recibido supuestamente sobornos cuando era gobernador en Moquegua, en el sur del país, en 2013 y 2014.
«El ‘Club de la construcción’ es el nombre dado a un cártel de empresas constructoras, peruanas y extranjeras, que se dedicaban a ganar licitaciones públicas de grandes infraestructuras, muchas de ellas licitadas por el Ministerio de Transportes, mediante el pago de sobornos a autoridades», explica el colaborador de BBC Mundo y conductor de Latina Televisión, Martín Riepl.
Cómo funcionaba
El club habría operado de la siguiente manera: cada vez que había un proyecto de licitación, las empresas se comunicaban con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde un funcionario público arreglaba la licitación a cambio de una coima, explica en un informe de 2019 el Observatorio de la corrupción, de la Pontificia Universidad Católica de Perú.
El soborno suponía entre el 1% y el 3% del valor de los contratos, que eran por valores millonarios. Las empresas se ponían de acuerdo antes de cada concurso sobre cuál de ellas debía resultar vencedora.
La empresa que lograba «la conquista» del proyecto quedaba a cargo de abonar la coima a los funcionarios y un porcentaje indemnizatorio a la que perdía deliberadamente, o «acompañamiento».
El Club estaba integrado por algunas de las principales empresas en materia de infraestructura del país.
En sus inicios, estaba formado solo por empresas peruanas y se centraba en las obras de carreteras, pero con la llegada del boom económico, en la década de los 2000, se amplió a otros tipos de obra pública.
Y a las peruanas se unieron otras empresas brasileñas, como la ahora mundialmente famosa Odebrecht, involucrada en millonarios casos de corrupción en varios países de América Latina, aunque con un papel menos protagónico en este caso.
Sin embargo, en Perú otras investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht o Lava Jato han alcanzado a todos los expresidentes del país desde el año 2001: Alejandro Toledo (pendiente de si se aprueba su extradición en Estados Unidos), Alan García (se suicidó cuando iba a ser detenido por su vinculación con Odebrecht), Ollanta Humala (investigado por pagos de la constructora a su campaña) y Pedro Pablo Kuczynski (en arresto domiciliario).
También a la líder opositora Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, que se encuentra en prisión domiciliaria por la financiación de sus campañas electorales.
Años de operaciones
Las autoridades peruanas todavía no tienen claro desde cuándo operaba este cartel.
El exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró ante los investigadores del caso Lava Jato en Brasil que le constaban operaciones desde el 2001 al 2012.
Sin embargo, Raymundo Trinidade Serra, exgerente de relaciones institucionales de Odebrecht, declaró ante fiscales peruanos trasladados a Brasil que el club existía al menos desde 1996.
Las investigaciones sobre el «Club de la construcción» por parte del «equipo especial Lava Jato» -creado en Perú para asumir las investigaciones derivadas del caso Odebrecht-, comenzaron con las declaraciones del exrepresentante de la empresa brasileña, Renato Ribeiro Bortoletti, después de que la fiscalía llegara a un acuerdo con la firma.
Fue Bortoletti el que, con sus informaciones, permitió la apertura en 2017 de una investigación directa a empresas peruanas sobre hechos que hasta ese momento eran solo rumores.
Varias empresas han reconocido su responsabilidad, acogiéndose a la figura de la colaboración eficaz.
Y, según la fiscalía especial, el proceso contra otras dos está a punto de finalizar, con sentencias que se esperaban para principios del próximo año.
«Hay muy pocas sentencias firmes, pero esto se debe a la lentitud de la justicia y no a la falta de elementos probatorios», asegura Riepl.
Y varios años después, ha sido ahora un miembro de este equipo, el fiscal Germán Juárez, el que abrió el 16 de octubre de este año una investigación preliminar contra Vizcarra por los delitos de cohecho y colusión en agravio del Estado.
