La Procuraduría General de la Nación información detallada sobre este proceso que se adelanta en todo el país.
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La solicitud fue elevada por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, mediante comunicaciones enviadas a las asambleas departamentales y concejos municipales y/o distritales y a las universidades Nacional de Colombia, Francisco José de Caldas, de Cartagena, del Atlántico, de la Costa, San Buenaventura y Pedagógica y Tecnológica de Tunja.
El Órgano de Control requirió copia de todos los convenios o contratos suscritos con las instituciones de educación superior para adelantar este proceso, e información específica sobre los mecanismos dispuestos para garantizar la objetividad, transparencia y el uso adecuado de la cadena de custodia de las pruebas.
Así mismo, estas entidades deberán suministrar los actos administrativos, guías y demás documentos relacionados con la convocatoria y la aplicación de las pruebas de conocimientos y comportamentales, así como el nombre de las personas que diseñaron, evaluaron y tuvieron acceso a las pruebas, entre otros aspectos.
Los rectores de los entes educativos contratados para adelantar este concurso deberán velar por el cumplimiento de los principios de objetividad, imparcialidad y publicidad en la aplicación de las pruebas.
