La Procuraduría General de la Nación, en el desarrollo de una actuación preventiva y ante la puesta en conocimiento de tardanzas en la atención en salud a los niños y niñas menores de tres años que conviven con sus madres en los establecimientos de reclusión del orden nacional -ERON-, el Ministerio Público solicitó al Director General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, Andrés Ernesto Díaz Hernández, un informe detallado sobre la prestación del servicio integral a esta población de especial protección constitucional.
La solicitud se origina luego de que, en el Comité Técnico de seguimiento preventivo realizado por la Procuraduría en septiembre y octubre de este año, se referenciaran quejas sobre la prestación del servicio de salud, a cargo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, a través del fidecomiso que proporciona este servicio a las personas privadas de la libertad y a los menores de tres años.
Según lo reportado, existen barreras para el goce efectivo del derecho a la salud, como dificultades en la aprobación de las ordenes médicas, en la coordinación de brigadas de prevención; para contar con las historias clínicas en formatos digitales, tardanza en la autorización para la asignación de las cita, reprocesamiento en la toma de la historia clínica, entre otras.
Panorama actual
De acuerdo con lo informado por la Procuraduría, 30 mujeres y 24 menores de 3 años de edad se encuentran conviviendo en 10 centros de reclusión del país, en donde también reciben el servicio de atención a la primera infancia en los Centros de Desarrollo Infantil a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, el Instituto Penitenciario y Carcelario -INPEC- y las Entidades Prestadoras del Servicio – EAS.
Por lo anterior, el Ministerio Público exhortó a la USPEC, a través de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, a referenciar la ruta de atención en salud para los niños y niñas menores de tres años de edad, las Entidades Prestadoras de Salud -EPS- e Instituciones Prestadoras de Salud -IPS- que atienden estos servicios y los mecanismos de supervisión que ejerce la -USPEC-.
De igual forma, el órgano de control pidió un reporte sobre Fiduciaria Central S.A, responsable de administrar los recursos para la atención en salud a esta población, informando las acciones de seguimiento y control, el cronograma de las auditorías realizadas entre julio de 2021 y lo corrido del 2022, y las acciones de mejora derivadas de los ejercicios de interventoría.
En razón de lo anterior, la Procuraduría indicó que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, deberá enunciar las medidas que ha adoptado para la garantía en el derecho a la atención en salud a niños y niñas en los centros de reclusión, de manera oportuna e integral.
Con información y foto de la Procuaduría.
