La Procuraduría General de la Nación requirió al alcalde de Bajo Baudó, Chocó, Hermenegildo González Ibargüen, informar las medidas adoptadas para brindar atención humanitaria a las comunidades desplazadas desde la zona rural del municipio hasta su cabecera urbana.
En desarrollo de una acción preventiva, la delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz lideró una mesa de trabajo con autoridades municipales, en la que solicitó, además, precisar cuál es el presupuesto con el que cuenta la administración para la atención de esas familias y cuánto de esos recursos se ha ejecutado entre el 2022 y 2023.
Igualmente, pidió detallar las condiciones y los lugares en los que actualmente se encuentran esas familias, si están incluidas en el Registro Único de Víctimas y cuántas reciben ayuda humanitaria de transición.
Durante el encuentro, el Ministerio Público también requirió información sobre los planes de retorno implementados, así como de las acciones desarrolladas para garantizar la duración y efectividad de estos, con el fin de velar por la seguridad de las familias que han tomado la decisión de regresar a sus viviendas.
Finalmente, el órgano de control indagó sobre las acciones adelantadas por la administración municipal para prevenir y proteger a la población civil de conductas como el reclutamiento forzado, así como de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la zona.
Con información de la Procuraduría.
