El proceso de licitación para elegir a la empresa que diseñará e imprimirá los pasaportes en Colombia está en la mira de la Procuraduría, quien vigila que se den garantías a la selección objetiva, libre concurrencia en la participación, calidad en el servicio y cumplimiento del cronograma.
Así lo hizo saber Fernando Grillo, Procurador Delegado Segundo para la Vigilancia de la Función Pública, al advertir que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de la selección del contrato que tiene un presupuesto cercano a los 600 mil millones de pesos, no ha dado respuesta a una serie de observaciones hechas por el Ministerio Público y que tienen que ver con el pliego de la licitación y las condiciones de participación.
La Cancillería tampoco ha dado respuesta a las empresas participantes que también hicieron observaciones relacionadas con criterios de ponderación establecidos en el pliego de condiciones y que tenían que haber quedado absueltas el pasado 12 de mayo.
Enfatizó el procurador “que el proceso de suministro y personalización de pasaportes debe ser llevado a cabo con los más altos estándares de seguridad y calidad, considerando que este documento, además de tener implicaciones directas en la protección de la identidad y la integridad de los ciudadanos, es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad nacional, el control y la circulación migratoria”.
Asimismo, el delegado manifestó que, con antelación, “se advirtió a la Cancillería sobre la urgencia en iniciar y llevar a cabo el proceso de selección, para evitar un desabastecimiento en el suministro, formalización y personalización de pasaportes, puesto que, el contrato vigente finaliza el 31 de agosto de 2023«.
Ante la situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que “debido a las numerosas y complejas observaciones recibidas dentro de la etapa de traslado del proyecto de pliego de condiciones, no es posible continuar el trámite licitatorio con las fechas previstas en el cronograma inicial”.
La Procuraduría continuará ejerciendo especial seguimiento a este proceso licitatorio con el fin de proteger los recursos públicos y velando por los intereses del Estado y de la ciudadanía.
Con información de la Procuraduría.
