«La gente que es inmoral son los traficantes que negocian con la miseria humana. Quienes critican el plan deberían proponer una alternativa que funcione. Nuestra política es completamente legal y moral» La secretaria de Exteriores Liz Truss.
El Gobierno de Boris Johnson inicia su plan de deportación masiva de ilegales a Ruanda /LP7D/ Diario Público.
«Lo que queremos es establecer un principio y romper el modelo de negocio de los traficantes», ha declarado Truss, que ha defendido públicamente el plan elaborado por la controvertida secretaria de Interior Priti Patel (hija de inmigrantes indios afincados en Uganda).
El primer vuelo a Kigali, la capital de Ruanda, a más de de 6.000 kilómetros, costará más de 600.000 euros al erario público y puede llevar a bordo menos de diez tripulantes, frente a los más de 30 inicialmente previstos. La mayoría de ellos son hombres kurdos de origen iraní e iraquí, sin familia, que llegaron a las costas británicas cruzando el Canal de la Mancha.
El flujo de inmigrantes atravesando el Canal de la Mancha sigue, sin embargo, aumentando desde el controvertido anuncio del «plan Ruanda».
El lunes pasado, 138 personas llegaron a las costas británicas en botes inflables. Más de 10.000 inmigrantes -en su mayoría hombres de origen kurdo iraní o iraquí- han llegado en lo que va de años a las costas británicas. La cifra es ya el doble que el año pasado. El Gobierno británico planea intensificar sus esfuerzos con una campaña de propaganda en redes sociales advirtiendo a quienes se atrevan a cruzar el Canal que su destino final será Ruanda.
El propio Boris Johnson ha defendido con determinación las deportaciones ante su Consejo de ministros, pese a reconocer que había recibido críticas «inesperadas» (en mención implícita al Príncipe Carlos y a los obispos).
El Gobierno británico ha sellado un acuerdo con Ruanda para la puesta en marcha del plan piloto que dura cinco años. El Gobierno de Kigali se compromete a facilitar alojamiento y apoyo mientras duran las solicitudes de asilo y a garantizar el acceso a la educación y al mercado laboral por cinco años si la petición es aprobada. Si es denegada, se enfrentan a una segunda deportación, posiblemente a su país de origen.
