Luego de que la Procuraduría General de la Nación le pidiera un informe a la Agencia Nacional de Tierras sobre los avances en las metas de acceso y formalización de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, el ente de control confirmó que no son ciertos los resultados sustanciales apropiados por el actual gobierno, sino que, por el contrario, estos están muy por debajo de las cifras reportadas como logros.
Según el informe remitido al ente de control, la realidad es preocupante, ya que de las supuestas 1.184.630 hectáreas que referenciaban haber formalizado, lo que realmente ha sido adjudicado por el gobierno actual con corte al 31 de agosto de 2023, son 269.321 hectáreas.
Luego de que la @PGN_COL pidiera informe a la @AgenciaTierras sobre avances en las metas de acceso y formalización de Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, se confirmó que no son ciertos resultados sustanciales apropiados por el Gobierno. #EsNoticia https://t.co/cfMLUzXIsN pic.twitter.com/3TusYSyVYY
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) August 17, 2023
La respuesta dada al Ministerio Público por parte de la Agencia Nacional de Tierras también precisó que 641.727 hectáreas corresponden a la formalización y entrega de títulos resultado de la gestión de gobiernos anteriores, confirmando la deducción del ente de control sobre la imprecisión y falta de transparencia en la entrega de indicadores, los cuales no correspondían al periodo actual ni a los establecidos para su seguimiento, especialmente los relacionados con el registro de tierras, adjudicaciones de bienes fiscales, formalizaciones de predios privados, entre otros.
Finalmente, el ente de control confirmó que la información será revisada minuciosamente e incluida en el informe sobre el estado de avance de la implementación del Acuerdo de Paz que el Ministerio Publicó radicará en el Congreso de la República, reiterando las acciones de seguimiento y control a los próximos reportes de la ANT, especialmente frente a la meta de los tres millones de hectáreas que deben entregarse a través del Fondo de Tierras y la de los siete millones de hectáreas que deben ser formalizadas, sin perjuicio de las actuaciones disciplinarias que resulten procedentes por las deficiencias en la información puesta a conocimiento de la ciudadanía.
Con información y foto de la Procuraduría.
