A pocos días de que finalice el año, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, reiteró el llamado a los mandatarios departamentales, a cumplir a cabalidad, con el inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el 2023, garantizando su operación de manera oportuna y de calidad en todo el territorio nacional, desde el primer día y durante todo el calendario académico 2023.
La Procuradora instó a iniciar la operación del Programa de Alimentación Escolar con todos sus componentes sin retrasos y en cumplimiento de la normatividad, evocando la la Directiva No. 019 del 1 de noviembre de 2022, en la que se le pidió a los mandatarios asegurar la disponibilidad de recursos, verificar la idoneidad de los contratistas e iniciar la gestión contractual necesaria antes del 31 de diciembre, salvaguardando los principios de planeación presupuestal y los criterios de sostenibilidad fiscal contenidos en el ordenamiento jurídico colombiano.
La normativa expedida por el Ministerio Público y remitida a las entidades territoriales de manera anticipada, también refiere que se deben mantener los estándares y condiciones mínimas para la prestación del servicio y la ejecución del PAE, garantizando que niños, niñas y adolescentes reciban oportunamente y con calidad las raciones alimentarias que requieren para garantizar su acceso y permanencia en el sistema escolar.
El órgano de control insistió en que continuará con la vigilancia preventiva al PAE, con el fin de anticiparse a la ocurrencia de hechos y evitar que se presenten las demoras y dificultades evidenciadas en el 2022, en la mayoría de los casos relacionadas con la deficiencia e inoportuna asignación de los recursos asignados al Programa, falta de planeación en la ejecución de los contratos, indebida focalización de los estudiantes, insuficiente infraestructura y dotación en las instituciones educativas donde se presta el servicio y falta de calidad e inocuidad de los alimentos entregados.
Uno de los casos más preocupantes se presentó en el departamento de Magdalena que duró 8 meses sin prestación del servicio y tuvo 3 declaratorias de desierto, seguido de Cúcuta que tuvo 5 declaratorias de desierto, aunque logró prestar el servicio con mayor oportunidad que Magdalena. Otro de los inconvenientes recurrentes está asociado al inicio tardío en la prestación del servicio, nuevamente el caso más alarmante en la vigencia 2022 fue el departamento del Magdalena con 102 días de retraso, seguido del municipio de Sincelejo con 88, Sucre con 81, Neiva 78, Cúcuta 68, Cesar 50 y Caquetá 49.
Por otro lado, frente a la prestación del servicio en regiones con comunidades indígenas, como es al caso de los departamentos de Guainía y Vichada, se presentaron dificultades para concretar un operador debido a las especificaciones que se solicitan en las pólizas.
De igual forma, teniendo en cuenta la expedición de la Circular 003 de 2022 del MEN y la Directiva 019 de 2022 de la PGN, que indican que las entidades territoriales deben planear la prestación del servicio con la suficiente antelación, uno de los departamentos que genera más alerta es el departamento de Amazonas, pues de acuerdo con información de la Unidad de Alimentos para Aprender, a la fecha no cuenta con un plan claro y ordenado que visualice las acciones que se deben adelantar para garantizar que el Programa inicie a tiempo.
Finalmente, en el marco de las actuaciones preventivas en materia contractual desplegadas por la Primera Delegada de Vigilancia Preventiva de la Función Pública y las Delegadas Territoriales , en el 2022 se abrieron 28 procesos disciplinarios, reportados por el inicio tardío en la operación, la falta de calidad de los alimentos entregados, deficiencias operativas, interrupción en la prestación del servicio y procesos de contratación sin el lleno de requisitos legales, entre otros.
Con información de la Procuraduría.
