Algunas Estados no siguen las recomendaciones y por su constitución pretenden negar la posibilidad de atacar la pandemia en beneficio de todos y no de unos pocos
El secretario general de la ONU, António Guterres, criticó a los países sin nombrar nombres que habían negado hechos sobre la pandemia de coronavirus e ignorado las pautas de la OMS. «Desde el principio, la Organización Mundial de la Salud proporcionó información fáctica y orientación científica que debería haber sido la base para una respuesta global coordinada», dijo Guterres. «Desafortunadamente, muchas de estas recomendaciones no se han seguido. Y en algunas situaciones ha habido un rechazo de los hechos y un desconocimiento de las directrices. Y cuando los países van en su propia dirección, el virus va en todas direcciones», dijo.
El caso tiene que ver también con situaciones como la de Colombia, país en el que a través de una acción de tutela un juez obliga al gobierno a implementar pruebas PCR a todos los viajeros internacionales. Con ello se desautorizar el trabajo de bioseguridad y políticas de protección que se ha hecho en los casi diez meses de emergencia mundial y que tiene incidencia en seguir las recomendaciones y aplicaciones que de OMS -Organización Mundial de la Salud y la OPS -Organización Panamericana de la Salud OPS.
La pandemia es como un estado de guerra en donde las decisiones del gobierno se sobreponen a la constitución por ser justamente una emergencia mundial ha dicho el ministro de salud Fernando Ruíz, que resulta amenazado incluso de ir a la cárcel en una medida que para algunos resulta absurda en desconocimiento de la gravedad de la pandemia.
La acción de tutela afecta a lo más de 5 mil viajeros diarios que ingresan a Colombia y que tendrán que mostrar registro de prueba PCR y pasar a cuarentena de 14 días en total aislamiento, medida que a decir de entendidos en estos momentos no garantiza ni protege.
La acción incita a nuevas situaciones que pudieron incluso obligar al gobierno a un cierre total del país, algo que el gobierno considera innecesario y de consideraciones de afectación insalvables en términos de la misma salud y la economía.
