La Procuraduría General de la Nación presentó sus observaciones al proyecto borrador del Gobierno Nacional tendientes a reglamentar la declaratoria y delimitación de las reservas naturales temporales, decreto que pretende establecer nuevas prohibiciones para el desarrollo de actividades mineras en el país.
Para la delegada de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, causa extrañeza que en las Memorias Justificativas del Proyecto de Decreto se señale que el mismo no implica ningún impacto económico, por el contrario, se evidencia que su aplicación podría generar en la práctica una situación de veto y/o parálisis respecto a las actividades de exploración y explotación minera.
Las observaciones del Ministerio Público también precisan que, el Proyecto de Decreto no contempla que la finalidad de la declaratoria de reservas naturales de carácter temporal es preservar los recursos naturales mientras se logra contar con la certeza suficiente acerca de la delimitación y zonificación de las áreas protegidas, por lo que luego de realizar los estudios podrían existir zonas que no pertenezcan al polígono definitivo, las cuales no pueden ser compatibles con otro tipo de actividades, como lo es la minería.
Así mismo, la Procuraduría refiere que en el marco de una medida que debe ser netamente provisional, el Proyecto de Decreto otorga la competencia a la autoridad ambiental para tomar decisiones definitivas en materia de la continuidad de las actividades de explotación minera, mediante la determinación de medidas encaminadas al cierre definitivo de las operaciones mineras.
Sus potenciales repercusiones
Las observaciones también incluyen la necesidad de analizar desde diferentes sectores, las consecuencias sociales, económicas, jurídicas que se podrían derivar de la eventual expedición del Proyecto de Decreto, nacional, expresando además que el Gobierno Nacional no tiene la competencia absoluta frente a la explotación de los recursos naturales no renovables de la Nación, por lo que cualquier toma de decisión que se realice debe contar con la debida participación de la ciudadanía, principio ratificado por Colombia en el Acuerdo de Escazú.
Finalmente, la priorización de la socialización del proyecto con la ciudadanía y la participación de todos los sectores en su estructuración, fueron algunos de los comentarios remitidos al proyecto: “Por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero ambiental y se dictan otras disposiciones”.
Con información de la Procuraduría.
