Las medidas de salud pública en Colombia están en cama, pues las atacan. Déjenme explicarles.
El país cuenta con dos de las cuatro que recomiendan la OMS y otros organismos para una nutrición adecuada: la ley del etiquetado de advertencia y la del impuesto a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados.
Desde el principio las han atacado. El etiquetado luchó una batalla legal para que el sello octogonal fuera obligatorio siguiendo la evidencia sobre su efectividad para advertir los dañinos excesos. Ahora, con nuevos trucos, muchos paquetes se los están quitando. El Invima debe explicaciones sobre la calidad nutricional de estos productos.
Y el impuesto ha recibido once ataques entre demandas y acciones a través del Congreso. Por ahora ha salido ileso. La Corte Constitucional lo ratificó como una medida razonable similar a las tomadas sobre productos parecidos, como los cigarrillos.
El ataque más reciente es un proyecto que pasó su primer debate en el Congreso a punta de mentiras disfrazadas. Les cuento cuáles son.
Primera: que el impuesto afecta a la situación económica de los ganaderos. Sin embargo, el precio de la leche solo ha aumentado un 0,7 %, los quesos y afines un 2,4 % y otros —entre ellos, las bebidas lácteas saborizadas— un 5,3 %. A esta última categoría le quieren quitar el impuesto, pese a que el producto es dañino.
La segunda tiene que ver con los precios. Es cierto: el campesino vendió la leche un 10 % más barata en diciembre de 2024 que en enero de ese año. Pero la leche y sus productos derivados sí subieron de precio. Lo que pasa es que las industrias le pagan cada vez menos.
La tercera mentira es la supuesta afectación a los tenderos de barrio. Las ventas de las tiendas sí aumentaron (+ 0,4 % y + 1,6 %) comparado con 2023. El problema aquí es la expansión de las cadenas de descuento, que dificulta la competencia de precios.
Por otro lado, nos señalan. Dicen que tenemos intereses oscuros en contra de las industrias y nos cuestionan por recibir recursos de organizaciones que apoyan causas de salud. La industria tiene en la mira a Red PaPaz por defender los derechos de la niñez y adolescencia.
Eso quiere decir que las medidas sí están funcionando. Temen que avance la regulación para identificar los productos ultraprocesados, controlar el márquetin dirigido a los menores, expulsar de las escuelas los productos nocivos y aumentar el acceso a alimentos reales.
Seguimos defendiendo las medidas de salud pública, para que no sean nuestros hijos quienes terminen en cuidados intensivos.
