Tras asegurar la frontera sur, los defensores de la apertura fronteriza afirmaron que la administración Trump jamás lograría expulsar a los millones de inmigrantes indocumentados que ingresaron en el gobierno de Joe Biden. Era otra versión del mismo mantra: olvidar el Estado de derecho y aceptar la condición de república bananera de EEUU; al fin y al cabo, el país necesita a los migrantes, independientemente de cómo hayan llegado. Es una continuación de la larga campaña de la izquierda para borrar la distinción entre inmigración legal e ilegal.
El aumento en las deportaciones por parte de funcionarios federales que probablemente solo puedan expulsar a entre 600.000 y 700.000 personas al año, una cifra considerable, pero no suficiente. El mensaje Trump es crucial, y se mantiene fiel al guion. Todo el alboroto en torno a las deportaciones por parte del ICE es una voz de advertencia contundente para toda la red de población indocumentada del país. Los medios de comunicación, hostiles a Trump, amplifican regularmente la advertencia, convirtiendo cada operación del ICE en un drama de derechos humanos, enfatizando o inventando historias descaradas de «cacería» de inmigrantes indocumentados.
El desafío es romper la red de jurisdicciones santuario que facilitan la presencia ilegal. Trump toma medidas históricas. Los anuladores de leyes federales en estas llamadas ciudades y estados santuario brindan a las poblaciones ilegales un ecosistema de supervivencia: la posibilidad de obtener licencias de conducir, oportunidades de educación pública y servicios médicos y sociales gratuitos. Al ejercer la máxima presión federal sobre estos programas de servicios estatales y locales rebeldes, y sobre los funcionarios que los habilitan, la administración Trump está cambiando radicalmente las reglas del juego.
La posibilidad de trabajar es un problema difícil que incluso la administración Trump, hasta ahora, ha sido reacia a abordar por completo. La Casa Blanca debe tomarse en serio la implementación de un programa nacional de verificación electrónica (E-Verify) que requiera que los empleadores realicen verificaciones sistemáticas en línea para evaluar a sus trabajadores, pero el presidente parece reacio a dar este paso. Si Trump lo hiciera, podría comenzar a desmantelar la maraña de documentos e identidades falsas que abundan en el país.
Al enviar tropas de la Guardia Nacional a ciudades santuario como Chicago, Los Ángeles, Portland y Washington, Trump está haciendo mucho más que combatir la delincuencia en zonas urbanas sin ley.
El Centro Nacional de Inmigración entrega datos sobre personas nacidas en el extranjero que residen en EEUU y están detectando una disminución sin precedentes en las cifras generales.
El éxodo de Trump tiene el potencial de convertirse en un auge sin precedentes en la salida de inmigrantes ilegales, lo que podría compensar el desastre provocado por Biden.
