Solo un grupo poderoso puede ofrecer despilfarrar millones de dólares en un organismo creado de la nada sin legitimidad. El ejercicio busca depurar y tramar. Este 19 de febrero la Junta de Paz celebró su reunión inaugural en Washington, D. C. Su inventor, Donald Trump, asegura que será “la más grande y prestigiosa… jamás reunida”
Trump anunció que Estados Unidos aportará US$10.000 millones a los fondos de la Junta de Paz, destinados inicialmente a la rehabilitación y reconstrucción de Gaza.
La organización concebida para promover la situación crítica de Gaza, en su última purificación, intuye que son muchos los casos de fracaso de similares instituciones creadas para promover la estabilidad. Restablecer un gobierno legítimo y asegurar una paz duradera en las zonas afectadas o amenazadas por algún conflicto. La ONU es el foco de ataque por sus excesos burocráticos e ideológicos que conducen a la pérdida de imparcialidad.
La Junta de Paz es un distractor más en la política exterior estadounidense y busca reemplazar el trabajo de EEUU en 66 organizaciones internacionales que Trump ordenó abandonar por no encontrar relación de sus acciones con el interés del país. Muchos países entienden que su ausencia les limita, más aún en un momento en que el gobierno Trump ha lanzado un ataque en un intento de consolidar un nuevo orden mundial que, pese a sus grandes problemas internos y el progresivo crecimiento de otras potencias, bajo amenazas incluso militares, le permitan mantener su hegemonía.
La capacidad de la Junta de Paz, por su naturaleza informal y excluyente, puede conducir sistemáticamente a una eficiencia deficiente y a una legitimidad insuficiente.
La personalización es uno de sus problemas; Trump determina quién puede obtener una membresía, el control de las finanzas, la junta directiva, la agenda, vetar y expulsar a miembros de la junta ejecutiva. Solo él puede nombrar al presidente de la junta. Y allí surge otra incómoda situación al querer imponer controvertidos nombres como el ex primer ministro británico Tony Blair, influyente en la guerra de invasión a Irak, y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, con denuncias ante la Corte Penal Internacional, no son la mejor carta de presentación.
EEUU utiliza el derecho internacional y el llamado «orden basado en normas» para proteger su poder hegemónico. Cuando las normas entran en conflicto con sus intereses, las desestima con reiterados derechos de veto, como sucede en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero no duda en ir más allá: interferencia electoral, promover golpes de Estado y variedad de intervenciones contra Estados soberanos.
Muchos países con inestabilidad y en desarrollo no son invitados. Sabe Trump que no tienen cómo ofrecer el pago inicial de 1.000 millones de dólares que se exige a quienes deseen seguir siendo miembros después de tres años. Cerca de 40 de los 60 estados que se han invitado no han respondido. Incluso las grandes potencias como China, Rusia e India tienen incertidumbres, pues la ONU tiene para ellos gran influencia. Los europeos, duramente golpeados por Trump, en su mayoría mantienen distancia por la incertidumbre ante el mismo futuro de la ONU y la inclusión de Rusia, que pagará su ingreso descontando de sus dineros que la UE en Bruselas le retiene de manera ilegal.
La Junta de Paz podría incluso afectar intereses directos de EEUU si la ONU sufre abandono financiero, regiones con activos estadounidenses tendrían afectaciones y presionarían ayudas importantes, incluso si los costos se consideran relativamente bajos.
Otras situaciones no estarían ausentes como efectos colaterales en regiones con problemas de diferencias y violencia política, incluida la misma Gaza. La centralización de la Junta de Paz no podrá evitar y con legitimidad que en su seno puedan surgir incentivos para buscar asociaciones alternativas que excluyan al mismo EEUU.
Una visión menos global resultará menos contraproducente. La Junta debería encaminarse exclusivamente a la agenda de Gaza.
