La respuesta del gobierno de Benjamín Netanyahu al ataque mortal palestino frente a una sinagoga de Jerusalén y que segó la vida a siete personas, es la de sellar para demoler las casas residencias de los sindicados terroristas.
Israel ha tomado como política la destrucción de viviendas en los últimos años tratando de evitar actos violentos contra sus ciudadanos /LP7D/Público/
El castigo colectivo está prohibido en casi todas las circunstancias en el Derecho Internacional Humanitario desde hace 70 años, pero cuando se trata de la demolición de viviendas palestinas, los organismos internacionales han resultado incapaces.
Desde los excesos militares contra los civiles en la segunda guerra mundial las reglas que rigen están cubiertas por la Cuarta Convención de Ginebra.
El artículo 33 de la convención de 1949 establece: “Ninguna persona protegida puede ser castigada por un delito que no haya cometido personalmente. Quedan prohibidas las penas colectivas e igualmente toda medida de intimidación o de terrorismo.” Agrega: “Quedan prohibidas las represalias contra las personas protegidas y sus bienes”.
Israel es una nación ocupante de territorios palestinos y los civiles allí caben en la designación de «personas protegidas» de los Convenios de Ginebra.
artículo 53 : “Se prohíbe toda destrucción por parte de la potencia ocupante de bienes muebles o inmuebles que pertenezcan individual o colectivamente a particulares […], excepto cuando dicha destrucción se haga absolutamente necesaria por operaciones militares. .”
El castigo colectivo está prohibido no solo por los instrumentos del derecho internacional humanitario, sino también por las convenciones de derechos humanos que se aplican en tiempos de paz y conflictos armados, incluida la ocupación.
Entonces ¿podrá Israel seguir con la práctica de la destrucción punitiva de viviendas?
Gobiernos israelíes han afirmado que no aplican las medidas a quienes viven en territorios palestinos y las demoliciones afectan solo las propiedades de las personas involucradas en el terrorismo, y que el objetivo es la disuasión, no el castigo.
Naciones Unidas siempre ha condenado la destrucción de viviendas de familias palestinas, reiteran que el castigo colectivo viola el derecho internacional.
Benjamín Netanyahu, actual primer ministro israelí, también ha desestimado a la ONU alegando un sesgo en contra de su país y ayudado por la posición de veto que Estados Unidos impone cuando se critica a su aliado, Israel.
Ya el gobierno actual de Washington ha puesto a su secretario de estado Antony Blinken frente a la actual situación tratando de disuadir una escalada en las diferencias permanentes de Palestinos e Israelitas. Tras reunión con los líderes sólo intentó disuadirlos pero sin compromisos reales. Israel siempre ha obstaculizado cualquier intervención legal negándose a colaborar y sin reconocer las determinaciones de la Corte Internacional de la ONU. Nada impedirá tirar al suelo el hogar de cientos de familias palestinas
