La participación en protestas contra el gobierno acelera los trámites judiciales para cumplir con las sentencias que deberán cumplirse mediante ahorcamiento público.
Protestas de ciudadanos en Estambul – Turquía frente a las determinaciones judiciales de Irán tras la muerte de Mahsa Amini, /Dilara Senkaya /LP7D/Reuters/
Testimonios de testigos y documentos oficiales revisados por CNN y 1500Tasvir muestran evidencias de que se están realizando procesos judiciales de forma apresurada contra detenidos por participar en las protestas e imputados de cargos que podrían conllevar la pena de muerte, condenas a menudo dictadas en una sola sesión.
Entre los ciudadanos judicializados está el futbolista Nasr-Azadani. El Tribunal Supremo de la ciudad, Asadullah Jafari, dijo que el jugador está acusado de protagonizar disturbios contra las autoridades y, según el código penal de Irán, la sentencia puede conllevar la pena de muerte. En la plaza Shahid Alikhani, en la ciudad de Isfahán, se ha instalado una plataforma de ejecución.
En Irán las protestas desde hace tres meses dejan casi 500 personas muertas alrededor de 18.000 detenciones y al menos 400 condenas a cárcel solo en Teherán, 11 sentencias a la horca reconocidas oficialmente y dos ejecuciones, la última de ellas pública.
Las revueltas comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años Mahsa Amini, detenida por la extinta ahora Policía de la moral por no llevar bien colocado el velo. Las manifestaciones en contra de las decisiones del gobierno han provocada la solicitud del fin de la República Islámica, fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.
