La comisión quinta del Senado dio continuidad al debate de control político, citado el pasado miércoles 16 de noviembre, para discutir la entrada en operación de Hidroituango.
La decisión de la mesa directiva, de dar una segunda parte a la discusión sobre la hidroeléctrica, fue adoptada tras la petición de la senadora, Isabel Cristina Zuleta, Pacto Histórico, y el senador Andrés Guerra, Centro Democrático, citantes al debate de control político, quienes solicitaron tener una sesión complementaria, a la que asistieran el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa y el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle que faltaron el pasado 16 de noviembre.
La continuación del debate contó también con la presencia del Director de la comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), José Fernando Prada; la directora ad hoc para asuntos de Hidroituango por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA; el delegado de la Unidad de Gestión de Riesgo, y el Gerente general de las Empresas Públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo.
La senadora y líder ambientalista, Isabel Cristina Zuleta López, tomó la batuta de la discusión y se refirió a varias medidas judiciales relacionadas con la protección del macizo rocoso, la garantía a los derechos para líderes sociales, la no implementación del debido procedimiento de búsqueda de cuerpos en fosas comunes, medidas cautelares de la JEP y el incumplimiento de medidas administrativas ambientales, que impedirían la entrada en operación de Hidroituango.
“Lo que podemos decirle al país es que la gobernación de Antioquia se ha negado a cumplir la tutela del juzgado 45 del circuito civil de Bogotá, en favor de líderes sociales del movimiento Ríos Vivos, que han sido perseguidos y estigmatizados por las autoridades. No se ha realizado la prospección subacuática para buscar los cuerpos y las fosas comunes como ordenó la JEP, y que los barequeros y pescadores de la zona han documentado. En este momento, ese proceso está ante la corte Constitucional, haciendo verificación de cumplimiento de las medidas de protección”, señaló vehemente la congresista Zuleta.
Según la Senadora del Pacto histórico, la presidente del movimiento Ríos Vivos, fuerte opositora de la entrada en operación de la hidroeléctrica de EPM, así como varios líderes sociales, aún reciben amenazas. “Como Ríos Vivos, hemos documentado 268 masacres y 1.186 víctimas en la zona donde se desarrolló el Megaproyecto. Estamos hablando que este proyecto se construye en una zona que ha sido fuertemente golpeada por la violencia. Para mí, para la gente de mi comunidad, para la gente de la zona, para el territorio nacional, los muertos son importantes, las vidas son importantes, y la generación de energía no puede estar por encima del territorio, y no puede implicar riesgo alguno para las comunidades”, sentenció Zuleta López, visiblemente indignada.
Lo que dicen las autoridades antioqueñas
Por su parte, el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, expresó: “Esta administración no construyó Hidroituango, ni tomó las decisiones de dónde construir el proyecto; tampoco tomó la decisión de bajar la calidad en los materiales del túnel de desviación, de saltar las licencias ambientales… Esta es la administración que denunció lo que estaba pasando en Hidroituango… Esta es la administración que ha invertido 5 billones de pesos para recuperar este proyecto, para hacerlo seguro y garantizar las vidas de las poblaciones aguas abajo”.
El mandatario medellinense señaló, que la entrada en funcionamiento del proyecto hídrico protege la vida de las comunidades. La operación de las dos primeras turbinas significa que 30 millones de toneladas de agua dejarían de presionar el vertedero, que hoy en día es el mayor riesgo en Hidroituango.
En el mismo sentido, el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, resaltó la importancia de hacer efectivo los seguros del Proyecto hidroeléctrico: “Debemos trabajar todos en dos direcciones. 1) El cobro de los seguros de Hidroituango; para eso uno contrata unos seguros, para cobrarlos cuando se produzca un siniestro, y lo que pasó en la represa fue un siniestro. 2) Pongamos a funcionar Hidroituango; la mejor manera de disminuir riesgo es poner en funcionamiento la hidroeléctrica. El mayor riesgo que hay es tener el vertedero al 100%, sin posibilidad de revisarlo o hacerle mantenimiento.
De otro lado, el Senador César Pachón, Pacto histórico, se sumó a las voces que consideran necesaria la entrada en funcionamiento de Hidroituango, como fórmula para dar una seguridad energética para el país: “Salvar vidas es la prioridad y en segundo reglón debemos darle al país una seguridad energética. Debemos unirnos para buscar los recursos para que entre en funcionamiento Hidroituango”.
El Senador conservador Miguel Ángel Barreto, Recalcó: “Este proyecto va a reducir el precio de la tarifa en Colombia, y ha recibido cerca de 20 billones de pesos; no podemos ponerle trabas por un interés político, perjudicando a los 16 millones de familias colombianas, pequeños comerciantes, e industriales”.
Durante la sesión, la mesa directiva le otorgó la palabra a la actual presidente del movimiento Ríos vivos, Milena Flores, quien hizo varios cuestionamientos a EPM: “Nosotros, las víctimas, no conocemos si hay estudios reales para que entre en operación Hidroituango. Por favor, que nos muestren los estudios ¿Por qué cambiaron los materiales y pusieron en riesgo la vida de los habitantes aguas abajo y aguas arriba? Los invito a todos Ustedes, senadores, a que visiten Puerto Valdivia e Ituango, para que conozcan por qué las víctimas viven angustiadas.
Al cierre, el senador del Centro Democrático, Andrés Guerra Hoyos, también convocante al debate de Control Político, afirmó: “Hidroituango tiene varios escenarios, social, jurídico, económico y político. Creo que EPM, se está jugando en los próximos15 días el escenario del futuro y el presente. El 30 de noviembre, es la fecha en la que se termina el plazo para que la empresa le informe al país si la turbina 1 y 2 entran en operación. Esa es una fecha clave para la energía del país y para Hidroituango.
Argumentó por último el congresista, que sería nefasto que EPM y los antioqueños tengan que pagar 207 millones de dólares, por la garantía de la no entrada en operación de la represa.
Con información y foto del Senado.
