Por primera vez en la historia de la Unión Europea, juristas especializados en derecho internacional han denunciado formalmente a la Comisión y al Consejo Europeo por inacción frente a un genocidio en curso. El caso llega este jueves al Tribunal de Justicia de la UE, y no es simbólico: es una demanda por omisión, jurídicamente vinculante, con el artículo 265 del Tratado de Funcionamiento como base.
El crimen no es solo el que bombardea, sino también el que financia, calla y negocia. La UE lleva 21 meses sin suspender su acuerdo de asociación con Israel, sin imponer una sola sanción, sin declarar públicamente lo evidente: que en Gaza se están cometiendo crímenes de guerra y posiblemente un genocidio, como ha advertido incluso el propio aparato diplomático europeo.
La denuncia, presentada por la asociación JURDI, aporta pruebas, nombres y cifras. Apunta al mantenimiento de fondos europeos a universidades y empresas israelíes, al desarrollo de armamento financiado desde Bruselas y al uso del sistema SWIFT para seguir sosteniendo económicamente a un Estado acusado de masacres sistemáticas.
Es una acusación directa contra Úrsula von der Leyen y los Estados que bloquean cualquier medida: Alemania, Hungría, Polonia, Italia.
Y lleva una advertencia: los altos cargos de la UE podrían acabar en La Haya, como cómplices.
La historia juzgará. Pero antes, puede que lo haga un tribunal.
