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Jorge Pretelt, ex magistrado de la Corte Constitucional, es un hombre que ha hecho historia en Colombia, pero no por sus conceptos jurídicos, fallos o ponencias en a corte más importante del país, sino por sus escándalos de corrupción que le valieron el título de ser el primer magistrado en sufrir un juicio político en el Congreso y posteriormente ser condenado a seis años y seis meses de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia.
El caso de Pretelt, un abogado oriundo de Montería, capital de Córdoba, en la costa Caribe colombiana, lo conoció el país en 2015, cuando se develó un escándalo que lo tenía como epicentro: la exigencia de dineros y dádivas dentro de la Corte Constitucional -que llegó a presidir- para fallar tutelas a favor de intereses privados.
Esto es algo gravísimo, ya que la tutela es la herramienta primordial que otorga la Constitución colombiana para que todo ciudadano pueda exigir el cumplimiento de sus derechos, y sus fallos, en última instancia emitidos por la Corte Constitucional, se transforman en cosa juzgada para todos los casos similares, es decir, crean un precedente judicial.
Los hechos por los que se le condenan al ex magistrado se remontan a 2013, cuando este le habría exigido a su amigo personal, el abogado Víctor Pacheco, la suma de 500 millones de pesos (USD 150.521) para fallarle a favor una tutela de un cliente que representaba: la empresa Fidupetrol.
La tutela buscaba tumbar una condena que la Corte Suprema de Justicia había proferido contra Fidupetrol, obligando a pagar a la empresa una suma de 22 mil millones de pesos (USD 6.622.924) al departamento de Casanare.
Ante la solicitud de dinero del entonces magistrado, Pacheco habría contado la situación a otros dos jueces del constitucional, Alberto Rojas Ríos y Mauricio Gonzales, este último terminó llevando el caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, organismo encargado de investigar a los altos funcionarios del Estado.
La Comisión de Acusaciones es un organismo político sin mucha historia de efectividad, incluso es común que se refieran a ella como la “comisión de absoluciones”, porque si bien está encargada de investigar a los presidentes, magistrados y altos funcionarios, como el Fiscal o el Procurador, sus procesos suelen no llevar a ningún lado ni producir juicios formales.
Pero el caso de Pretelt fue la excepción, con el ex magistrado se recolectaron evidencias suficientes para acusarlo de concusión -delito por el que la Corte Suprema lo condenó a seis años y seis meses de cárcel- y pasó su juicio al Senado de la República.
En otra decisión inédita el Senado le hizo un juicio político a Pretelt, que tuvo lugar en agosto de 2016, en el que los congresistas decidieron retirar del cargo al entonces magistrado y pedirle a la Corte Suprema de Justicia que abriera una investigación penal contra él.
Este es el caso que juzgó el Supremo, produciendo un fallo condenatorio en primera instancia. En dicho fallo, concluyeron los jueces que el testimonio del abogado Víctor Pacheco era cierto y que por lo tanto el magistrado Pretelt había incurrido en concusión al solicitarle 500 millones de pesos para interceder a favor de Fidupetrol en el fallo de una tutela.
Dijo la Corte que para que este delito se configure no es necesario que el hecho -el pago del dinero- se haya consumado, ya que con la sola petición se incurre en la conducta delictiva.
Además, en el fallo se da cuenta de varias reuniones entre Pacheco y Pretelt donde se habría concretado el ofrecimiento. Una en particular, en el apartamento del magistrado, fue vital para la condena de la Corte, ya que Pretelt la omitió en sus declaraciones durante la investigación del caso, sin embargo, fue señalada por varios testigos y por la hora en que el entonces magistrado arribó a un almuerzo posteriormente a reunirse con el abogado en su casa.
Destacó el Supremo que si bien Pacheco trató de usar su cercanía no solo con Pretelt sino con otros magistrados del constitucional para hacer lobby a favor de sus representados, fue el magistrado el que exigió dádivas para interceder en una decisión judicial. En tal sentido agrega la Corte: «Además se desprende su actuar doloso, pues más que nadie era conocedor de los hechos constitutivos de la infracción penal de concusión y, a pesar de ello, quiso libremente su realización”.
Sobre este caso hay condenados civiles como el propio Víctor Pacheco y dos altos funcionarios de la empresa Fidupetrol por el delito de tráfico de influencias.
Al ex magistrado Pretelt todavía le resta una instancia dentro de la Corte Suprema de Justicia para evitar ir a la cárcel, de ser ratificada su condena, en un nuevo e inédito suceso, se emitirá orden de captura en su contra y deberá ser llevado a prisión.
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