En seguimiento a las situaciones de violencia por razones de sexo y género en el país, y a raíz de los hechos denunciados por los padres y las madres de familia sobre presuntas prácticas sexuales abusivas en el Club Deportivo Besser de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio del Deporte información sobre el tratamiento de este caso en particular, es decir, la activación de las rutas de atención, protección y acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
En carta enviada a la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, el ente de control pidió reportes sobre las medidas adoptadas respecto al club deportivo, a fin de revisar el estado actual del caso con miras a activar las funciones preventivas y de intervención judicial y administrativa en pro del interés superior, protección integral y prevalencia de los derechos de las menores de edad.
Es importante resaltar que, en mesa de trabajo con el Viceministerio del Deporte, en enero de 2022, la Procuraduría requirió un ‘plan de choque’ para prevenir y abordar de forma oportuna y diligente las violencias presentadas en el contexto deportivo, especialmente en seguimiento a los más de 18 casos de violencia sexual que se denunciaron al interior de la Liga Santandereana de Atletismo.
A través de diferentes mesas de trabajo y requerimientos, la Procuraduría ha realizado permanentemente seguimiento, vigilancia y control a las acciones que debe adelantar el Ministerio del Deporte, las consejerías presidenciales para la Equidad de la Mujer, para la Niñez y la Adolescencia, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otras entidades competentes, para prevenir y atender los casos de violencias por razones de sexo y género, discriminación y violencia sexual que se han presentado en clubes y ligas de diferentes disciplinas deportivas.
Finalmente, la Procuraduría pidió a la cartera de Deporte remitir una relación de los casos que se tengan registrados en los que persistan dificultades para acceder a la justicia para que sean analizados desde el punto de vista de la intervención penal y remitidos a revisión conjunta del Comité de protección y cualificación de acceso a la justicia del Mecanismo Articulador.
Con información y foto de la Procuraduría General de la Nación.
