A doce años de la entrada en vigencia de los decretos Leyes Étnicos, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, y los representantes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas y Rrom, identificaron en los undécimos informes de seguimiento y monitoreo a los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011, presentados al Congreso de la República, la absoluta necesidad de promover una verdadera reparación y reconciliación integral en todo el territorio colombiano.
En sus onceavos informes, la Comisión encontró que se requiere de un mayor esfuerzo fiscal del Gobierno Nacional para ejecutar las medidas contempladas en los Decretos Leyes Étnicos, y es necesario realizar los ajustes institucionales y normativos requeridos para brindar una atención y reparación integral a las víctimas de los pueblos étnicos con oportunidad y eficiencia en el uso de los recursos.
En 2022, para los pueblos indígenas se apropiaron $1.2 billones y se ejecutaron obligaciones por $832.305 millones, lo que representa el 69% del presupuesto ejecutado y el 31% sin ejecutar. En la misma vigencia, para el pueblo Rrom se apropiaron $2.017 millones y se ejecutaron obligaciones por $1.163 millones, un 57.63% ejecutado y un 42,37% sin ejecución. En cuanto a las comunidades negras, se apropiaron recursos por $707.391 millones, de los cuales se ejecutaron $595.491 millones, es decir un 84% fue ejecutado y un 16% no se ejecutó.
En esa misma vigencia, con respecto al año 2021, aumentó la participación en la destinación de recursos por parte de las 49 entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral para Víctimas – SNARIV: en el 54% para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 57% para pueblos Indígenas y 16% para el pueblo Rrom o Gitano.
Frente al esfuerzo que realiza el Gobierno Nacional para la asignación de recursos para la atención de la Población Víctima Étnica, llama la atención de la Comisión que en 2022 se presentó falta de ejecución de los recursos de proyectos de inversión por parte de algunas entidades nacionales.
Se reitera lo señalado en anteriores informes sobre la necesidad de ajustar el documento CONPES 4031 de 2021, pues éste no incluyó la financiación de la totalidad de las medidas para los pueblos étnicos ni consideró los universos que deben ser atendidos en los próximos ocho años.
Por lo anterior, los Comisionados étnicos y los entes de control insisten a las entidades ejecutoras de la política para que, en la asignación de recursos, haya desagregación por pueblo étnico, sea para Indígenas, Rrom e incluso en la especificación de comunidades Negras, Raizales o Palenqueras, lo que permitirá un mejor monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las medidas de atención y reparación por etnia.
Según cálculos de la Contraloría General de la República, para la implementación de solo cuatro medidas para pueblos étnicos víctimas a 2031, se requerirían aproximadamente $3,9 billones a precios de 2023, así:
– En Atención psicosocial a colectivos étnicos se requieren $87 mil millones.
– En Indemnización colectiva a víctimas de comunidades negras $122 mil millones, y a víctimas indígenas $207 mil millones.
– En Planes de reparación colectiva para sujetos étnicos, el esfuerzo fiscal requerido es de $3,4 billones.
En Retornos y reubicaciones para comunidades étnicas $76 mil millones.
Por esto, la Comisión hace un llamado al Gobierno Nacional para que realice el costeo detallado y completo de los recursos necesarios para dar cumplimiento a los Decretos Leyes destinados a los pueblos gitano e indígenas y a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que han sido víctimas del conflicto armado.
Con información de la Procuraduría.
