Pese a que redujo cultivos ilegales, son 143.000 hectáreas de plantíos de coca contra las 154.000 que registró la ONU en 2019
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«la producción de cocaína sigue subiendo», advirtió Pierre Lapaque, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en un adelanto del informe anual en Bogotá.
Colombia produjo el año pasado 1.228 toneladas de polvo blanco, de acuerdo con una estimación de la ONU. Lapaque explicó que la oferta de cocaína no «depende solamente del área sembrada de coca».
El número «de hojas que se puede recolectar en una hectárea, la cantidad de alcaloide disponible en las hojas y las capacidades de los procesadores para extraerlo están aumentando, a pesar de los esfuerzos importantes hechos por la fuerza pública»
ONU indica que la siembra y producción se han consolidado en las fronteras con Ecuador y Venezuela, donde repunta el conflicto armado alimentado por el narcotráfico y la minería ilegal, tras la firma de la paz con las FARC en 2016.
El año pasado, los cinco departamentos con mayor cantidad de plantaciones ilícitos fueron Norte de Santander (noreste), Nariño, Putumayo, Cauca (suroeste) y Antioquia (noroeste), que concentran «hasta 84% de toda la coca del país».
Así, Colombia se mantiene como el mayor cultivador de hoja de coca del mundo, por delante de Perú y Bolivia.
Estados Unidos, que históricamente ha financiado la lucha antidrogas, es el mayor consumidor de la cocaína colombiana.
En 2017 Colombia registró la cifra récord de 171.000 hectáreas sembradas. El entonces presidente Juan Manuel Santos dijo en su momento que los campesinos habían multiplicado sus cultivos con la expectativa de recibir beneficios derivados del acuerdo de paz. También atribuyó la explosión de las cifras al debilitamiento del peso colombiano frente al dólar.
«No dejaremos de hacer ningún tipo de acción ni apelar a ningún tipo de instrumento contemplado en la Constitución y la ley, para seguir enfrentando este flagelo», enfatizó el actual presidente Iván Duque.
El mandatario prevé reactivar la fumigación área con glifosato, suspendida en 2015 por la justicia por sus potenciales daños a la salud humana y el medioambiente.
Los campesinos rechazan el regreso de las aspersiones, pese a que el gobierno asegura que cumplirá con lo exigido por la justicia para minimizar los daños colaterales. El año pasado la fuerza pública confiscó 505 toneladas de cocaína.
