Colombia está demorada en tener un marco regulatorio estatal de la extranjerización y acaparamiento de tierras, indicó la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, durante un debate en la Comisión V de la Cámara de Representantes, en el cual se discutió sobre un caso presentado en el municipio de Puerto Gaitán (Meta) que afecta a los indígenas Sikuani, y que involucra a la comunidad menonita, una iglesia cristiana proveniente de otro país.
“Desde el Gobierno, junto con el Congreso de la República, hemos identificado la urgencia de poder regular de una manera mucho más sana y directa las normas de acaparamiento o ‘land grabbing’, como se conoce en el exterior, que es un problema que se presenta universalmente y el cual se ha regulado legislativamente por gran parte de los países” indicó Mojica.
La ministra explicó, citando una definición de la FAO, que el acaparamiento es un proceso de control territorial sobre los suelos y lo que hay sobre ellos, lo que implica la violación de derechos humanos e intervención de recursos no renovables. Según el organismo, se han detectado tres formas: la extranjerización, la concentración y la acumulación.
En tal sentido, la ministra Mojica invitó al Congreso a trabajar para regular este problema, como lo han hecho otros países, y evitar que el territorio estratégico nacional, que zonas importantes por el agua, por los suelos rurales y por situaciones de frontera, sean objeto de extranjerización y acaparamiento de tierras.
La #ComisiónQuinta avanza con el debate de control político sobre acumulación y extranjerización de la tierra en Colombia, especialmente del municipio de Puerto Gaitán – Meta, mediante actuaciones de la conocida «Comunidad Menonita».#Envivo 👇https://t.co/xPzz0bdH4U pic.twitter.com/uLHvPWNYy6
— Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) September 26, 2023
No afectará la inversión extranjera
Mojica fue enfática en señalar que de ninguna manera esta regulación afecta la inversión extranjera: por el contrario, la fomenta, al proveer normas claras para que empresas foráneas ingresen al mercado inmobiliario, sin poner en riesgo la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria.
La ministra aclaró que tener un marco de regulación de la extranjerización de la tierra busca que “las tierras rurales y el suelo aseguren no solamente el derecho de la soberanía nacional y la seguridad alimentaria, sino también afirma el ordenamiento en torno al agua y la garantía del derecho de propiedad de las comunidades rurales, campesinas, agrícolas y étnicas de Colombia”.
La propuesta para tal regulación debe incluir estudios técnicos para que los extranjeros puedan celebrar negocios jurídicos sobre tierras rurales, o si se debe limitar a determinado porcentaje, teniendo en cuenta territorios estratégicos.
En el debate se dio a conocer que la concentración de la tierra se demuestra en que solo el 5,4 % de los propietarios en Colombia tienen predios de más de 100 hectáreas, mientras que el 56,7 % de los propietarios poseen predios hasta tres hectáreas. Es decir, unos pocos propietarios tienen predios grandes y muchos tienen predios pequeños.
Con información y foto del Ministerio de Agricultura.
