Las iniciativas legislativas buscan elevar a la categoría de política pública el Programa de Alimentación Escolar – PAE– y la creación de la especialidad Ambiental en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Con la radicación de estas iniciativas legislativas, el Representante a la Cámara por La Guajira, Juan Loreto Gómez, avanza en dos importantes discusiones, el primero de ellos, es establecer el Programa de Alimentación Escolar – PAE en política de Estado, elevando la categoría de ésta en una política pública, buscando otorgar más garantías para el cumplimiento efectivo, del complemento alimenticio de los niños, niñas y adolescentes.
“Es necesario que, dentro del ordenamiento colombiano, las discusiones sobre la infancia sean transversales, se fortalezcan institucionalmente con una asignación de recursos permanentes, solo así se pueden gestar infancias saludables y felices. Está demostrado científicamente la importancia de una buena nutrición en la formación cognitiva de los niños y niñas”, afirmó Gómez Soto.
Así mismo, manifestó JuanLo Gómez, “Este proyecto no es una solución definitiva al problema del hambre en nuestras aulas, pero es un primer camino para que, desde el frente parlamentario contra el hambre, generemos estrategias que se materialicen en una legislación robusta en favor de la erradicación de todas las formas de malnutrición”.
El otro proyecto presentado
La segunda iniciativa, es la creación de una Especialidad Ambiental en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en Colombia, esto permitirá aplicar contenidos específicos en materia ambiental, facilitar el acceso a la administración de justicia, tomar decisiones de forma eficaz en tiempos óptimos de respuesta, y establecer un nuevo perfil de juez ambiental que sea capaz de encausar y resolver los conflictos ambientales.
Actualmente un proceso jurídico en materia ambiental puede tardar en primera instancia más o menos dos años. Con la puesta en marcha de estos Tribunales se calcula que el tiempo se reduciría a aproximadamente a seis meses.
Con información y foto de la Cámara de Representantes.
