La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, designó a la Delegada para la Fuerza Pública para que asuma el conocimiento en materia disciplinaria de las denuncias hechas por la Fiscalía, relacionadas con presuntos hechos irregulares en los que podrían haber tenido participación miembros del Ejército y la Policía Nacional, luego del secuestro de tres fiscales y una funcionaria judicial en Tarazá, Antioquia, el 3 de febrero último.
De acuerdo con la denuncia pública hecha por el fiscal general, Francisco Barbosa, a los funcionarios secuestrados “los pasaron por tres puestos de control del Ejército y de la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona”, señaló.
Igualmente, la Jefe del órgano de control ordenó a la Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales constituir una agencia especial para intervenir en el proceso penal abierto por esos hechos.
Para tal fin, fue designado el Procurador 113 Judicial II Penal de Medellín, quien se encargará de intervenir y hacer acompañamiento permanente a las diligencias que se adelanten en desarrollo de ese caso.
Los funcionarios judiciales fueron plagiados a la altura de Valdivia, Antioquia, cuando se desplazaban por la vía que une a ese municipio con Medellín.
Con información de la Procruraduría.
