Se celebró en el Congreso de la República, la audiencia pública “Naturaleza jurídica, procedimientos aplicables y desarrollo de los juicios políticos al interior de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes: propuestas para su mejora”. Un espacio de conversación con la academia y la sociedad civil en el que se recogió un buen diagnóstico de los problemas políticos y jurídicos que tiene la Comisión de Investigación y Acusación, así como el compromiso a buscar alternativas para su reforma.
En Colombia la instancia para la investigación y enjuiciamiento de altos funcionarios del Estado que tienen un fuero especial como el presidente, magistrados y el fiscal general de la nación es la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Pero ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo ha hecho su trabajo hasta ahora? ¿Debe reformularse? ¿Es la comisión o son los fueros los que tienen un funcionamiento inadecuado? fueron reflexiones abordadas por expertos en Derecho Penal y Constitucional de las Universidades Externado, Libre y Javeriana, juristas como el Dr. Rodrigo Uprimny, además de litigantes y representantes de los funcionarios judiciales y de las organizaciones de la sociedad civil que acudieron a este espacio propiciado por el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz.
En sus consideraciones, los expertos concuerdan en que esta instancia de naturaleza política y judicial ha tenido problemas de origen constitucional y legal que parten de un entendimiento complejo del ejercicio del poder y de las funciones públicas. De allí se han derivado inconvenientes para su funcionamiento, cosa que la ciudadanía ha observado como un ejercicio poco operativo que propicia la impunidad.
Temas como los delitos de los que debería ocuparse, el andamiaje constitucional que tiene, las causas constitucionales probables que deben activar su competencia, la existencia de fueros atípicos, la ausencia de una sistematización adecuada de casos, los problemas de estructura administrativa y de la continuidad de sus miembros fueron algunos de los aspectos desarrollados por los académicos que hoy se hicieron parte del espacio.
Sin duda, durante sus más de veinte años de existencia la Comisión de Acusaciones ha adolecido de muchos problemas diagnosticados por expertos y su labor se ha tornado inocua y ha perdido legitimidad popular. En atención a esos problemas, los académicos proponen entre otras, una reforma a la Ley 5 de 1992 o la eliminación de la Comisión y la creación de un nuevo órgano instructor y/o acusador independiente. Urge poner sobre la mesa los aspectos de procedimiento que hay que corregir, de naturaleza y esencia de los juicios políticos y por supuesto los cuestionamientos éticos que siempre deben rodear el ejercicio del poder, lo que permite identificar la necesidad de presentar pronto una iniciativa que responda al clamor ciudadano de justicia y transparencia.
De acuerdo a las conclusiones, la Comisión de Investigación y Acusación requiere un consenso democrático en el que confluyan la sociedad, los partidos políticos, la academia y el poder legislativo para impulsar las Reformas que necesitamos con garantías de justicia y transparencia en el ejercicio del servicio público y del poder.
Con información y foto de la Cámara
