Un informe realizado por la Procuraduría General de la Nación evidenció el grave estado de la infraestructura escolar de las instituciones oficiales del país y el deficiente acceso a servicios públicos en estas instalaciones, análisis que también evaluó las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y demás autoridades responsables de la prestación del servicio educativo en el país.
Según el ente de control, la información obtenida de la actuación preventiva, da cuenta del grave estado de la infraestructura educativa, especialmente en las zonas rurales, en dónde existen sedes educativas de 40 años o más, muchas de las cuales tienen por lo menos cinco años sin manteniendo preventivo y no disponen de suministro regular de agua ni de mobiliario escolar.
Según los datos analizados por el Ministerio público a partir del diagnóstico de infraestructura educativa realizado por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), solamente el 12.8% de las sedes encuestadas cumple con las condiciones de acceso a servicios públicos (acceso permanente a los servicios de agua potable, energía eléctrica, recolección de basuras e internet) y el 3.2% dispone solo de un pozo séptico para el manejo de aguas residuales y no cuentan con acceso a ninguno de los demás servicios.
El diagnóstico realizado en el segundo semestre del año 2022, también evidenció que, con corte al 31 de agosto de 2022, 166 obras a cargo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) presentaban retrasos en su entrega, superando en algunos casos los tres años. El mayor número de estas obras se concentran en el departamento de Boyacá y en el municipio de Ibagué.
Para el Ministerio Público, la concentración de los esfuerzos del Gobierno Nacional en la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura educativa a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), ha tenido resultados muy por debajo de las expectativas proyectadas en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE).
De igual forma, la Procuraduría identificó la necesidad de que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) implemente acciones que permitan disponer de información actualizada sobre infraestructura educativa, pues los datos disponibles están dispersos en diferentes fuentes y no se encuentran actualizados para muchas sedes, lo cual impide identificar las necesidades de inversión en los territorios.
También precisó que es inaplazable que las entidades territoriales realicen inversiones en mantenimiento y mejoramientos en infraestructura, especialmente en edificaciones antiguas y que no han recibido un mantenimiento adecuado, generando riesgos para la seguridad de la comunidad educativa y afectando la experiencia y la calidad del aprendizaje de los niños y las niñas.
La Procuraduría remitió el informe detallado al Ministro de Educación Nacional, Alejandro Gaviria Uribe, en los que emite recomendaciones con el propósito de avanzar en el cierre de brechas de acceso, permanencia y calidad que persisten en varias partes del territorio nacional.
Con información de la Procuraduría.
