Mineras de América Latina: Riqueza y conflicto social

Moody's Investors Service señala que la industria minera de la región está expuesta a riesgos ambientales y sociales que probablemente afectarán la calidad crediticia.

Internacional - 6 de Noviembre de 2019 a las 01:25

Mineras de América Latina: Riqueza y conflicto social lapatriaenlinea.com/ Mineros de América Latina.

"En América Latina, los principales riesgos ambientales son la contaminación del suelo y el agua y las restricciones en el uso de tierras, la escasez de agua, los desastres naturales y los desastres provocados por el hombre, mientras que los riesgos sociales más prominentes están relacionados con la salud y la seguridad, el capital humano y la producción responsable", dice Barbara Mattos, senior vice president de Moody's. "La industria minera afronta riesgos sociales relacionados con sus operaciones, incluyendo conflictos laborales, desafíos en las relaciones con las comunidades locales y disputas sobre el uso de recursos naturales".

Con su abundancia y variedad de minerales, América Latina atrae gran parte de la inversión y explotación a nivel mundial. De acuerdo con datos de la CEPAL, Chile es el principal productor de cobre, Brasil el tercero de hierro, México el mayor productor de plata y Perú está entre los primeros de plata, cobre, oro y plomo. En la región se encuentra además el 61% de las reservas de litio.

Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85% de las exportaciones de minerales y metales de la región. Ahí donde hay una minera, casi invariablemente surge un conflicto. Según la CEPAL, América Latina es la zona con más conflictos socioambientales de explotación minera.

En opinión de Susanne Friess, asesora en minería y desarrollo sostenible de Misereor, "la actividad minera tiene un alto impacto sobre el acceso al territorio y recursos como el agua. En muchos casos las minas están justamente en donde nace el agua, por lo que el conflicto surge ya en el momento en que la empresa pide la concesión”.

Las comunidades, en tanto, están en alerta ante amenazas al medio ambiente, contaminación, problemas de competencia por el uso de agua y suelo, y destrucción de zonas protegidas. "Las comunidades se quedan sin agua o el agua está contaminada. Además, la minería necesita acceder al territorio y surgen problemas de poca claridad de los títulos”, aporta Friess.

Friess observa además que "la mayoría las comunidades que están en torno a proyectos mineros no obtienen muchos beneficios. A veces reciben algún pago, que con el tema de la corrupción tampoco llega a todos o no se distribuye bien”.

 "En América Latina la lucha se da entre empresas mineras muy poderosas y comunidades con posibilidades muy limitadas. Es una lucha entre David y Goliat. Las comunidades se sienten discriminadas por parte de la empresa y el Estado, y tienen que pagar el precio por una política de aprovechamiento de materias primas de la que ellos son los que menos se benefician”, señala Friess.

La experta explica que "junto con problemas por el acceso al agua y la tierra, está la falta de participación de la comunidad en todas las etapas del proceso. No pueden opinar sobre nada, más bien tienen que someterse a decisiones que otros toman y, conociendo muchos otros casos en su región o país, no están dispuestos a pagar ese precio sin una lucha”, dice Friess.

Moody's dice que las empresas mineras chilenas dedicadas a la extracción de cobre afrontan algunos desafíos estructurales que continuarán incrementando los costos por unidad de la industria a largo plazo, en particular el agotamiento de minas, la caída de las leyes del mineral y la baja productividad laboral. Los riesgos ambientales y sociales, tales como la escasez de agua y las dificultades en las relaciones laborales, añaden presiones a los costos de las empresas.

Las consideraciones ambientales y sociales aumentan los riesgos regulatorios en Colombia. Los conflictos que surgen con comunidades cercanas en torno al acceso a tierras o a los recursos naturales presentan riesgos para las empresas mineras. Un intento del Gobierno  para exigir que se realicen consultas a los integrantes de las comunidades, junto con los derechos de los estados para imponer sus propios impuestos ecológicos, sugieren que la carga regulatoria de las empresas mineras podría aumentar en los próximos años.

 


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