La gran infamia de Santos contra Uribe

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Columnista - 4 de Septiembre de 2019 a las 00:00

La gran infamia de Santos contra Uribe laprensa7dias.com

HAROL ALVARADO TENORIO

elnacional.com

Hace algunas semanas falleció, en una idílica población de Cundinamarca, a la desdichada edad de 105 años, quien fuera la abnegada desposada de uno de los execrables presidentes que ha tenido Colombia, bajo cuyo mandato florecieron dos de los más tenebrosos ejércitos de guerrillas que han azotado la nación [FARC y M-19], facilitando su financiación, al crear lo que Hefestos, otro presidente, llamó “La ventanilla siniestra” del Banco de la República, que para controlar el desbordado crecimiento de la inflación y el circulante enjuagaba el dinero del progresivo negocio del narcotráfico.

Tal sería el negocio que el futuro presidente de los Rodríguez Orejuela, entonces dirigente de ANIF, el “Bojote” Samper Pizano, propuso la legalización de la marimba y su comercialización. “El cuatrienio 1974-1978 del gobierno de Alfonso López Michelsen, escribió el actual rector de la Universidad de los Andes y ayer ministro de Salud Alejandro Gaviria, será recordado porque durante esos años Colombia se consolidó como el primer exportador mundial de cocaína y su historia se dividió en dos: [AC y DC], antes y después de la cocaína, como hubiese relatado Edward Gibbon, de haber vivido entre nosotros”. LM prometió convertir Colombia en el Japón de Suramérica, pero solo produjo 403 huelgas y un Paro Cívico Nacional con 28 muertos, 4.000 detenidos y 200 heridos.

Con LM se inicia el apogeo del narcotráfico en Colombia. Quienes han estudiado el tema sostienen que “el Pollo”, por su amistad con Fidel Castro y las FARC [Juan de la Cruz Varela fue su vicario en la Cámara en 1960; Tirofijo y Jacobo Arenas militaron en el MRL] y su odio al líder de la CTC y representante a la Cámara José Raquel Mercado, a quien dejó morir a manos del M-19 tras 64 días de cautiverio, confirman el fortalecimiento económico y político de los narcos, porque para él ese asunto era un problema de los “gringos”. Idéntica postura asumida por J. M. Santos en esos años, según documenta el memorando de una reunión entre el representante de la Federación de Cafeteros en su apartamento de Cadogan Place y estudiantes colombianos en Londres, mientras oían un vallenato de Los Melódicos.

Según Newsweek, los vínculos del general Noriega con el Cartel de Medellín fueron obra de ALM, que había presentado a Jaime Bateman a Omar Torrijos a través de Fidel Castro, en plena campaña contra Belisario Betancur. Las ayudas de ALM continuarían durante el contencioso entre el M-19 y el M.A.S por el secuestro de la menor de los Ochoa Vásquez el 12/11/1981. “Cara de Piña” sirvió a la CIA y Pablo Escobar, que escondía sus ganancias en los bancos panameños; y directamente a FC, a quien, entre otras preciosidades, vendió 5.000 pasaportes para los funcionarios secretos cubanos y rusos. Sus declaraciones “antiimperialistas”, cuando empuñaba un alfanje al grito de “ni un paso atrás” fueron célebres.

En 1984, siendo jefe del partido liberal, ALM, tras el asesinato del ministro Lara Bonilla, cuando los jefes del Cartel de Medellin se refugiaron en Panamá, se reunió con Escobar, Lehder y los Ochoa a fin de pactar con Belisario Betancur el pago de la deuda externa de Colombia y la entrega de las rutas del narcotráfico a cambio de su regreso y no judicialización. Juan Manuel Santos, subdirector de El Tiempo, filtró la noticia y Betancur negó haber enviado a ALM, quien imputó al gobierno de perfidia. Dos de los ministros de Justicia del “Pollo”: Alberto Santofimio Botero, condenado e inhabilitado por el proceso 8.000 y el asesinato de Luis Carlos Galán; y Victor Renán Barco, que duró 19 días en el cargo, fueron sindicados de vínculos con los narcos.  Para 1976-1977 Fedesarrollo calculaba en 40.000 hectáreas los cultivos ilícitos y las reservas internacionales crecieron de $ 618 millones en 1976 a $ 1.526 millones en 1978.

Los años ochenta vieron, gracias al “Mandato Claro” de ALM renovar y ascender las bandas guerrilleras amparadas en el narcotráfico. Las FARC, que en 1979 tenían 9 frentes, pasaron a 18; el M-19 se convirtió en un tenebroso grupo urbano, igual que el EPL y el ELN. Y surgieron el Quintín Lame, el PRT, la Autodefensa Obrera y el MIR. Todos, cismas o apéndices, de las FARC.

Durante el gobierno de Turbay Ayala [1978-1982] el M-19 robó 5.000 armas del Cantón Norte de Bogotá,y tomaron la Embajada de la República Dominicana, con numerosos diplomáticos retenidos, para pedir la liberación de 320 reclusos, haciendo famosa a la Chiqui, amante de Guillermo Ruiz, comandante de la toma del Palacio de Justicia en 1985.

La muerte, en su lecho de placeres, de Jacobo Arenas, [el 10/8/1990, tres días después de la posesión de César Gaviria Trujillo como presidente] el único, quizás, de los jefes guerrilleros que confiaba en la lucha de clases y el marxismo, machacando que la combinación de todas las formas de lucha contra el estado debía penetrar todos los estamentos, en especial la justicia, la escuela y las universidades, vino a alinearse con el crecimiento del narcotráfico y el enriquecimiento de la banda criminal, con un telón de fondo que incluye el asesinato de los candidatos Bernardo Jaramillo de la UP y Carlos Pizarro del M-19, o el “mágico” ascenso del carcelero de Pablo Escobar, oscuro político de provincia que resultó beneficiado con la muerte de Luis Carlos Galán y tutelaría una constituyente que eliminó la extradición de nacionales a Estados Unidos, y tras la toma de la silla presidencial, ordenó un violento ataque a los campamentos de La Uribe, donde ya no vivía Tirofijo, para hacer creer al respetable que odiaba los narcoguerrilleros.

El florecimiento financiero de las FARC comenzó con el cobro, a los cultivadores de coca, del gramaje; un impuesto que pagaban por kilo vendido o procesado. Fue creación del comandante Argemiro Martínez del III Frente, que comenzó cobrando por hectárea, y más tarde a los compradores, sumas que agregadas a las vacunas a los ganaderos les hicieron multimillonarios. Procedieron entonces a prestar dinero a los cultivadores y a lavar enormes sumas, creando empresas de fachada como los “gota a gota”, que no han desaparecido, así como continúan en los negocios de venta de la semilla, los ácidos sulfurosos y el amoníaco, la gasolina, que roban de los oleoductos, la melaza, el límpido, el cemento, el permanganato o la urea. Según confesó José Luis Gallo, segundo al mando de las finanzas del Estado Mayor del Bloque Oriental: “Mensualmente obteníamos 30.000 millones de pesos por la base de coca que vendíamos cristalizada a 4 millones de pesos. Una vez duramos 2 meses 40 personas contando dólares”.

El plagio de civiles habría producido a la guerrilla, según la Fiscalía, unos 3 billones de pesos, solo entre 1996 y 2012. En 1996 las FARC tenían secuestrados a 1.038 civiles. Para el año 2000 la cifra ya pasaba los 3.572.

Según declaraciones de un desmovilizado del Frente 33, citado en un informe de El Espectador, el actual jefe del partido FARC, firmante del pacto con Santos, traficaba directamente: “Una vez recibía el dinero, llamaba al responsable de llevarlo a Timochenko, que lo repartía para las otras unidades y cuando no podían vender la mercancía, la mandaban para Venezuela en mula y se la entregaban donde ya se vendía más o menos a $ 6.000.000 el kilo”.

Las FARC, que han reaparecido como guerrilla, como lo anuncian en video Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa, Romaña, Loco Iván, Zarco Aldinever, Nelson Robles, Ariel, Gonzalo, Walter Mendoza y Enrique Marulanda, firmantes del pacto FARC-Santos, son el mayor cartel de la droga del mundo, con organizaciones en 18 departamentos y al menos 98 municipios y pleno apoyo de Nicolás Maduro y Raúl Castro.

La ONDCP ha calculado en 208.000 las hectáreas en coca que dejó el gobierno de Santos, luego de la prohibición, de los milicianos farianos de la Corte Constitucional, del uso del glifosato. Al llegar a la presidencia Santos, los cultivos se habían reducido a las 40.000 hectáreas del tiempo de ALM.

«La anatomía del hombre es la clave para comprender la anatomía del mono», sostuvo Marx en ZurKritik der politischen Ökonomie, un libro de 1859. Numerosos hechos de estos últimos años demuestran cuán eficaz es la consigna de Jacobo Arenas de penetrar el Poder Judicial y el Parlamento al servicio de las FARC. Mediante sobornos e intimidaciones han infiltrado los partidos políticos, o creado ONG, oficinas de abogados, tiendas, supermercados, mataderos de reses, avícolas, casas de recreo, agencias de viajes, clínicas, servicios médicos, empresas de teléfonos, compañías de vigilancia, centros de reclutamiento militar, sindicatos de profesores universitarios, fundaciones de universidades, compra-venta de tierras y apartamentos y casas, etc.

Un buen porcentaje de los jueces y políticos son en la práctica milicianos del grupo facineroso, que continúa ejerciendo todas las formas de lucha contra el Estado, y con la ayuda de Juan Manuel Santos cambiaron la Constitución, haciendo que el acomodamiento sea parte de ella: 297 folios al servicio de la Social Bacanería, el club social del narcotráfico.

Quien crea que entre Timochenko, Pablo Catatumbo o Carlos “Tornillo” Lozada hay contradicciones con la “nueva” hueste de Iván Márquez, es un zoquete. Ni los primeros ni los segundos se han descalificado. Hasta la fecha, Timochenko se ha negado a expulsarlos de partido y la JEP ha solicitado su captura a la Fiscalía, a sabiendas de que no puede hacerlo porque no los ha excluido de los beneficios pactados con Santos. Los miembros del partido FARC son militantes de la Guerrilla FARC.

Si esto no fuese cierto, ¿entonces cómo entender la liberación de Santrich, acusado de narcotráfico siendo un aforado, o el llamado a indagatoria de la Corte Suprema de Justicia al presidente y senador Álvaro Uribe por haber osado atribuir al hijo de un secretario del Partido Comunista, cuyo nombre ostentaba una armada columna insurrecta, de numerosas visitas a penales nacionales y extranjeros solicitando información fraudulenta en su contra, a cambio de prebendas proveídas por fundaciones de dudosa financiación?

Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, fue elegido representante a la Cámara, a dedo, por Juan Manuel Santos, gracias al pacto con la guerrilla. Se sabe que fue uno de sus redactores, junto al padre Sergio Jaramillo, fabuloso contratista del Estado siendo empleado del mismo. En abril del año pasado fue acusado de narcotráfico por un juzgado de Nueva York y detenido con fines de extradición por la Fiscalía colombiana. Avezado bandido se declaró varias veces en huelga de hambre, hasta que en mayo de este año la JEP, por intermedio de los magistrados Caterina Heyck, feroz enemiga del paramilitarismo; Adolfo Murillo, afrocolombiano, curtido penalista caleño y Jesús Ángel Bobadilla, cuyos mayores méritos son haber sido magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, entre 2014 y 2017, años del furor del Cartel de la Toga y las interceptaciones al presidente y senador Uribe Vélez, que lo dejaron libre.

Esta arbitrariedad de la JEP forzó la renuncia del fiscal y la vicefiscal, Néstor Humberto Martínez y María Paulina Riveros, argumentando que con ello se rompían las garantías procesales yse ignoraban las pruebas aportadas por el tribunal estadounidense, atentando contra la democracia. A finales de mayo, la CSJ ordenó su liberación, porque como senador electo gozaba de fuero y los funcionarios que lo aprehendieron no estaban facultados para hacerlo. Meses antes un comité danés le había concedido al bandido un premio de 50.000 coronas, ya que su detención era una intromisión de los gringos y la derecha para acabar con proceso de paz santista. El domingo 30 de junio, en la madrugada, desapareció del espacio de reincorporación de Tierra Grata, ubicado San Juan del Cesar, en la frontera con Venezuela. Cuatro altas Cortes habían tomado partido por Santrich, es decir, por las FARC, que hoy, está demostrado, son lo mismo.

Quizás la más grande contribución del gobierno de Uribe Velez a la historia de Colombia sea haber devuelto, por un momento que destruyó su sucesor, la esperanza, a un estado fallido, y haber mostrado a los nacionales que era posible vivir en libertad y en democracia. Al llegar al gobierno Uribe Vélez la nación estaba a punto de caer en manos de los narcotraficantes de las FARC y sus jueces venales. Largo sería enumerar la reducción de homicidios, secuestros, actos terroristas, alcaldes regresando a sus municipios para gobernar, aumento de la presencia de la policía en más municipios, reducción de asesinatos de sindicalistas, maestros, periodistas, masacres, desplazamiento forzado, o aumento en las inversiones del PIB, las exportaciones, afiliados al sistema de salud, educación, cultura, reducción de la deuda externa, el desempleo, la pobreza, etc., etc., que logró Uribe Vélez.

Todo, enfrentando declarados enemigos como Chávez, los hermanos Castro, el ecuatoriano Correa, varios miembros y presidentes de la CSJ y la Fiscalía, el jefe del liberalismo César Gaviria Trujillo y las FARC, con el Aleksándr Kérenski Juan Manuel Santos, y su punta de lanza, el legislador Iván Cepeda Castro, autor de sendos libros sobre el paramilitarismo y la hacienda El Ubérrimo, donde insinúa que Uribe Vélez es uno de los creadores del fenómeno, y sus predios, lugares donde se han cometido crímenes atroces. Lo que no dice en ellos es que Uribe Velez ha sobrevivido al menos a 26 atentados contra su vida y es calumniado, difamado, vilipendiado y desacreditado con furor por los partidarios del comunismo, el castrismo y el socialismo del siglo XXI.

Iván Cepeda, es decir, FARC/Santos, es el primer mamerto de la historia que logra hacer juzgar a un presidente de Colombia, senador en ejercicio, por una Corte Suprema de Justicia miliciana de un grupo en armas. Santander fue enjuiciado al haber atentado contra la vida del Libertador, que, en un error tolerante de juicio, muy parecido a los que comete el doctor Uribe Vélez, le conmutó la pena de muerte por un fabuloso exilio. A José María Obando, detenido en 1854 por oponerse a las pretensiones de Melo y los artesanos de hacerle dictador, lo juzgó el Senado en 1855, pero luego fue perdonado. En 1866 Tomás Cipriano de Mosquera fue elegido presidente por cuarta vez; la Iglesia y los liberales mamertos lo derrocaron, el senado lo extrañó por tres años al Perú, una década más tarde presidió el estado del Cauca y volvió al Senado. De Rojas Pinilla, mejor no menearlo. Sus nietos están en la cárcel, y una estatua en el Congreso recuerda la “grandeza” del tirano, condenado y absuelto por la Cámara y la CSJ de los mismos con las mismas. William Rodríguez, el hijo menor de don Miguel, ha escrito y grabado que él mismo estuvo en el Senado pagando 50 millones de pesos a cada uno de los 111 congresistas que absolvieron a Ernesto Samper Pizano. Pero ninguno estuvo nunca en manos de la CSJ.

Durante varios años Cepeda ha visitado condenados por paramilitarismo, indagando, según dice, los orígenes de esas organizaciones. Aparentes resultados son A las puertas del Ubérrimo [2008] y Por las sendas del Ubérrimo [2014], cuyas opiniones usó contra el presidente Uribe, en un debate ordenado desde la presidencia Nobel, ese año del regreso del líder del Centro Democrático al legislativo, elegido en 2014 con 300.000 votos y en 2018 con 801.692.

Entre esas profusas visitas, en La Picota se entrevistó con Pablo Hernán Sierra [alias Alberto Guerrero] jefe del Bloque Pipintá de las AUC, condenado por 40 crímenes, entre ellos, 9 años y una multa de 474 millones por intentar asesinar al profesor Jorge Eliecer Moreno en 2012, o los 15 años y una multa de 358 millones por el asesinato de Carlos Alberto Cardona Acevedo, alias ‘Perro Loco’, en Villamaría, ambos de Caldas; y con Juan Guillermo Monsalve, hijo del administrador de la hacienda Guacharacas que perteneció a la familia Uribe,  condenado por secuestro extorsivo, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, en hechos ocurridos el 5 y 8 de enero y 5 de septiembre de 2008, como comandante, dice él, de Los Rastrojos o Rondas Campesinas Populares, de alias Jabón.

La corrupción instaurada durante el Frente Nacional bipartidista, las FARC, los Carteles de la Droga y las ambiciones de Juan Manuel Santos han llevado a Colombia al desastre que se avecina, si el presidente Duque, que prometió enderezar el rumbo, es vencido por la perfidia y el odio del farcsantismo.

Porque todo indica que la conspiración de las Cortes y el éxito de los sobornos económicos y políticos dentro de las Fuerzas Armadas, el Congreso y la perdición de las instituciones de control y electorales, están dando el triunfo a la banda criminal.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes afirma que el “Cartel de la Toga” tuvo como jefe al magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leónidas Bustos, prófugo de la justicia. Una empresa criminal en la que actuaron los también presidentes de la Corte Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, los magistrados a Gustavo Malo y Eyder Patiño, sin visa para ingresar a Estados Unidos, y los abogados Gustavo Moreno, fiscal anti corrupción de la Fiscalía, encargado de los casos Odebrecht y Reficar y Leonardo Pinilla, el fiscal Eduardo Montealegre y el vice fiscal Jorge Fernando Perdomo, que se concertaron para exigir coimas para “quebrar” fallos de sumarios que estaban en la Corte Suprema de Justicia.

El Cartel de la Toga tuvo su caldo de cultivo en los enfrentamientos de varios presidentes de la sala penal y la propia Corte durante los años finales del gobierno Uribe. Oposiciones,ciertamente políticas, como que uno de los tenacesmagistrados enemigos del mandatario hubo de renunciar, antes de concluirsu periodo, que se había iniciado en 2007. Las contradicciones y enfrentamientos demostraban que los togados eran sólo partidarios de perseguir el paramilitarismo, dislocando la Ley de Justicia y Paz, que regulaba el proceso de entrega y juzgamiento de los paracos, dejando intactas las estructuras de los civiles colaboradores de las FARC y sus testaferros económicos, como se ha ido descubriendo luego de la firma de los pactos Santos FARC, que persiguen al ejército y garantizan plena impunidad y sella curulis a los narcoterroristas. Esa es la Corte que dejó libre a Santrich y ahora pondrá en prisión a Uribe, pretendiendo humillarlesometiéndole a la JEP, tribunal fariano por excelencia, como piden las FARC y Santos.

No pocos analistas sostienen que el instrumento para perjudicar el actual régimen, encarcelando al jefe del partido de gobierno, fue un magistrado de la sala penal y presidente de la Corte, de estilo napoleónico, feroz y secreto militante dela Teología de la Liberación que considera, sólo pecado, los actos de la derecha, y soberanos, los de la izquierda, incluso, terrorista. Se sabe, por ejemplo, de su afición al vino de consagrar y el aceite de oliva, extraído en los campos del calvario de Jesús; de sus viajes a Yon, cerca de Ruan, para visitar la tumba de Baptiste de la Salle, donde hace bendecir las palomas mensajeras de su padre, y que en su despacho no cabían las imágenes de la Virgen Santísima, San Benito de Nursia con su Santa Regla y el Niño Jesús de Praga, de un cuerpo casi idéntico a su talla.

De tal manera que el presidente Uribe pasó de denunciar la fabricación de falsos testigos en su contra, a ser investigado por el mismo delito, pero esta vez, contra el enemigo número uno que ha tenido en el parlamento desde que Santos era ministro de defensa y se preparaba para dar el zarpazo al estado colombiano a favor de las FARC. Indiciado por el magistrado que, usando el teléfono de otro congresista, hizo interceptar a Uribe 21.000 veces, ha filtrado toda clase de informaciones del proceso y en más de una oportunidad, beodo, ha declarado que iba a encarcelarlo y que, impedirá hacer cualquier reforma a la justicia, mientras Uribe esté libre.

El 8 de octubre de 2019, cuando Uribe Vélez sea puesto en prisión por la Corte Suprema, y la Social Bacanería, liderada por Santos, las FARC y su futuro presidente Iván Cepeda Castro celebren el triunfo, Colombia iniciará su calvario hacia el fin de su historia democrática. Santos habrá consumado su venganza.


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