Guerra burocrática por cargos regionales

El sorpresivo relevo en el Sena Huila no es el primero, ni será el único. Los nombramientos en las entidades territoriales, desata una nueva guerra burocrática que se promueve al más alto nivel. Con una primera tutela se intentó frenar los relevos en las direcciones regionales.

zona sur - 4 de Julio de 2019 a las 00:00

Guerra burocrática por cargos regionales senacdathblogspot.com/. Director Sena - Huila , relevado sin medir los resultados de su gestión

 

lanación.com

Luis Alberto Tamayo Manrique quien fungía como director  regional del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en el Huila, fue sorpresivamente relevado del cargo, incluso estando vigente la ley de garantías.   Sin importar los resultados de su gestión al frente de la entidad desde el 2012 ni el posicionamiento que logró durante su permanencia en ese cargo, el director general de la entidad, Carlos Mario Estrada Molina, declaró la insubsistencia.

El viernes pasado, en plenas fiestas del San Pedro, fue notificado por correo electrónico de la decisión unilateral. Sin apelación. No hubo tiempo de llorar. Mientras se surte el nombramiento de su titular ese mismo día encargó transitoriamente a Fermín Beltrán Barragán, quien asumió la posición.

El consejo directivo regional reunido ayer extraordinariamente expresó su sorpresa y elevó su sentida inconformidad.

Tamayo Manrique accedió al cargo a través de un concurso público de méritos al obtener el segundo puntaje en la lista de elegible. Compitió con José Alaín Hoyos (del Partido de la U) y con Cándido Herrera González, subdirector del Centro La Angostura (de Integración Conservadora). Tamayo por coincidencia era de origen liberal.

Lo mismo ocurrió en el Instituto Colombiano  Agropecuario (ICA). Después de nueve años de ejercicio en el cargo al que accedió por concurso, el economista Tito Alberto Suárez Caicedo, también fue sacado a “sombrerazos” de la gerencia regional de la entidad, sin ningún motivo.

Al igual que Tamayo, el ex director del ICA llegó al cargo a través de un concurso público de méritos obteniendo un puntaje de 80.46 que lo ubicó en la terna. Al ocupar el primer lugar fue designado gerente regional el 15 de febrero de 2010 (Resolución No. 680) y se posesionó el 15 de febrero del mismo año. Tampoco hubo tiempo de llorar.

Otros relevos

Los cambios no son los únicos. El relevo en las direcciones territoriales se adelanta también en el Instituto Nacional de Vías, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Ministerio del Trabajo, Aeronáutica Civil, ICA y en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros.

Una situación similar se registró con el nombramiento de María Alexandra Toro Charry del Centro Democrático, en reemplazo de Dora Artunduaga (cuota villalbista). Aunque no se ha posesionado el nombramiento sigue vigente. Adicionalmente, el Gobierno Nacional renovó su representación en las juntas directivas de la Cámara de Comercio de Neiva y Universidad Surcolombiana.

En la mira están también la Dirección de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), la Gerencia de la Electrificadora del Huila y en la Caja de Compensación Familiar del Huila. Sólo que en estas posiciones la guerra que se viene librando es de “baja intensidad” y al más alto nivel.

Sin dolor

La gerente General del ICA Deyanira Barrero León, quien se posesionó el 8 de septiembre del año pasado, decidió, sin tapujos, cambiar a la totalidad de los directores regionales. A todos les pidió la renuncia. Entre ellos estaba Tito Alberto Suárez.

“Con el cambio de gobierno, ingresó a la Gerencia General de la entidad la veterinaria tolimense Deyanira Barrero León, quien en dos oportunidades de manera sorpresiva, sin ninguna justificación me pidió la renuncia”, aseguró Suárez Caicedo.

El funcionario le comunicó el 7 de marzo de 2019 la imposibilidad de la renuncia alegando su condición de prepensionado.

La Gerente General le insistió en la renuncia, según un memorando remitido en marzo pasado. Suárez se mantuvo en su posición. No hubo poder humano que la hiciera cambiar.

El 12 de abril de 2019 la funcionaria declaró la insubsistencia y designó en su reemplazo a Juan Carlos Rojas Méndez a partir del primero de mayo.

Protocolaria

“Las renuncias protocolarias se producen por voluntad inequívoca del funcionario de dejar en libertad al nominador para reorganizar la dependencia respectiva, designando a las personas que a su juicio sean las más idóneas para el ejercicio del cargo”, explicó Barrero León.

En su criterio, la solicitud de la renuncia no es ilegal, “pues ello obedece, en razón de la naturaleza del cargo, a la posibilidad de la máxima autoridad de la entidad de conformar su equipo de trabajo y de permitirle al funcionario una salida ajena a cualquier connotación negativa”.

Según la Gerente General podía disponer del cargo, por ser de libre nombramiento y remoción, es del nivel directivo y además las funciones que desempeñaba son del nivel jerárquico cuyo ejercicio involucra cierta confianza y manejo. Además, porque el funcionario no goza de estabilidad laboral reforzada.

Primera tutela

Suárez Caicedo, recurrió a la tutela. Entre otras razones, reclamó la estabilidad laboral reforzada en su condición de prepensionado y la protección al mínimo vital, a la seguridad social, al debido proceso, al trabajo y al acceso a las funciones públicas, entre otros derechos presuntamente vulnerados.

“La insubsistencia y encargo, no tuvieron como finalidad el mejoramiento del servicio; por cuanto se encargó a una persona que no ha sido seleccionada por concurso de méritos y quien no cuenta con la suficiente experiencia para el desempeño del cargo”, explicó Suárez Caicedo al solicitar su reintegro al cargo.

Además, alegó que el cargo que desempeñaba es de libre remoción, mas no de libre nombramiento; toda vez que estos nombramientos se deben hacer por concurso de méritos que en su caso se surtió ocupando el primer lugar.

“La remoción puede darse siempre y cuando exista mejoramiento del servicio, situación que se pasó por alto frente al funcionario encargado; quien no reúne los requisitos exigidos para el cargo”.

Blindaje

Acreditan la condición de pre pensionables las personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están próximas (dentro de los tres años siguientes) a acreditar los dos requisitos necesarios para obtener la pensión de vejez (la edad y el número de semanas -o tiempo de servicio- requerido en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o el capital necesario en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad) y consolidar así su derecho a la pensión. Este blindaje constitucional, en este caso, no lo favoreció.

El ex funcionario, según el ICA,  no gozaba de estabilidad laboral reforzada, como tampoco acreditaba la condición de prepensionable. Por una parte, el cargo que desempeñaba era uno de libre nombramiento y remoción, que correspondía a aquellos de “dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices”

“El actor no cuenta con la garantía de fuero circunstancial por tratarse de un empleado público de nivel directivo y no representa a ninguna organización sindical en la mesa de negociación”, precisó al responder la acción de tutela.

Primer fallo

El juez de primera instancia negó la tutela al advertir que el funcionario no cumplía con el requisito de subsidiaridad. Por un lado, no tenía la edad que se requiere para la pensión, solo acreditó 926 semanas de las 1.300 que se requieren, cuenta con el apoyo económico de su cónyuge, quien aparece activa  en el régimen contributivo en calidad de cotizante. Tampoco advirtió  una situación  apremiante que amerite la protección constitucional ni o que impida la consecución de recursos para su sustento.

El ex funcionario insistió en la vulneración de los derechos fundamentales a pesar de existir otro medio de defensa judicial, precisando que no se tuvieron en cuenta los bonos pensionales que existen en distintas entidades; el cálculo actuarial solicitado a Colpensiones para pagar los aportes dejados de cancelar lo cual se encuentra en trámite, para que se hagan las correcciones correspondientes y sin incremente un total de 1.173 semanas lo que generaría al actor la calidad de pre pensionado.

Reiteró en que la calidad de pre-pensionado, ya que para adquirir su pensión le falta un tiempo menor a tres años y que al ser un empleado de libre nombramiento y remoción no lo priva de ser sujeto de especial protección,

“No se observa que el actor o algún miembro de su grupo familiar se encuentren en un estado excepcional que ameriten la decisión del juez constitucional”, afirmó el magistrado José Miller Lugo.

Por el contrario, el ex funcionario “se limitó a demostrar la situación de pre pensionado y dicha calidad por sí sola no es suficiente  para que el juez de tutela desplace la competencia del juez ordinario”, explicó.

“En efecto,-añadió- la sola figura de pre-pensionado no hace procedente el amparo solicitado, ya que el actor, a más de contar con un mecanismo idóneo, como lo es el medio de control y nulidad y restablecimiento, al cual debe acudir para que se defina su derecho, no acreditó la configuración del perjuicio irremediable”.

“Existen suficientes elementos de prueba en el expediente, que le permite a la Sala concluir que el actor no se halla en una circunstancia que le permita acceder por vía excepcional y de manera transitoria a la tutela”, apuntó.

“Era su deber demostrar el perjuicio irremediable que se le ocasionó con la declaratoria de insubsistencia. No es suficiente con que se alegue un supuesto de hecho del cual se pretenda derivar una consecuencia jurídica, sino que dicho supuesto debe estar suficientemente demostrado”, concluyó.

El recurso no prosperó. El Tribunal declaró improcedente el recurso de amparo. “Vamos a insistir, tenemos otras acciones judiciales en curso”, anunció Suárez Caicedo.


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